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Buscan reducir hacinamiento con penas alternas a la prisión

Expertos advierten que las instituciones de Justicia deben buscar alternativas para que las personas no ingresen a cárceles por delitos menores.

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Cárcel.  Los reclusos de menor peligrosidad se convierten en aprendices del crimen cuando ingresan a penales, señaló un analista.

Cárcel. Los reclusos de menor peligrosidad se convierten en aprendices del crimen cuando ingresan a penales, señaló un analista.

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Las políticas de persecución a la criminalidad en El Salvador se orientan a imponer prisión preventiva y definitiva a la mayoría de delincuentes, aunque cometan delitos menores que podrían ser castigados fuera de la cárcel. Esta es la conclusión de varios especialistas penitenciarios y de autoridades de Seguridad Pública sobre una de las principales causas del hacinamiento carcelario.

Las conclusiones fueron presentadas ayer en el evento El Cumplimiento de la Pena de Prisión desde la Constitución de la República, organizado por la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE), donde los ponentes destacaron la importancia del mejoramiento del sistema penitenciario nacional.

"El uso de la detención provisional y la pena de prisión casi como la única salida para enfrentar esos temas (delitos menores) debemos cuestionarlo muy seriamente, y buscar otras formas de cómo vamos a, en el futuro, enfrentar la situación de violencia y criminalidad", aseguró Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad.

Los especialistas explicaron que las autoridades judiciales deben hacer un análisis para implementar nuevas medidas que permitan reducir el número de personas recluidas, sobre todo cuando hayan cometido un delito menor por primera vez o en caso de que las transgresiones a la ley sean menores.

"Esto no significa necesariamente que todo el que delinque va a quedar en libertad, porque a veces las cosas se trastocan un poco. Estamos hablando de los delitos menos graves, de aquellos que no necesariamente son pluriofensivos; es decir, que no tienen más allá de una culpa en el cometimiento del hecho", dijo Kenia Elizabeth Melgar, directora general de la UTE.

Según estadísticas del Consejo Criminológico Nacional (CCN), el sistema penitenciario alberga un total de 27,735 condenados, de los cuales 9,877 (28 %) cumplen penas entre uno y cinco años; es decir, están presos por delitos menores que podrían pagar fuera de los centros de reclusión para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de los demás reos.

"Los tribunales de Sentencia, en este caso, deberían buscar alternativas para poder evitar que las personas ingresen a un centro penal", declaró Jaime Molina, director del CCN, que también apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe realizar un "análisis muy técnico" para no solicitar prisión en la mayoría de casos.

Martín Alexánder Martínez, consultor de la UTE, secundó la postura de Molina, y agregó que los delincuentes de menor peligrosidad en la mayoría de ocasiones llegan a las cárceles a convertirse en "aprendices del crimen", debido a que comparten espacios con reos que cometieron faltas graves.

El abuso de la prisión en el sistema judicial provoca un gasto innecesario para el Estado, coincidieron Kenia Melgar y Martín Martínez. Los fondos destinados en reos de menor peligrosidad podrían emplearse para combatir los delitos graves, como el crimen organizado, detallaron.

Posibles alternativas

Los exponentes remarcaron algunas de las posibles soluciones que las instituciones encargadas de impartir justicia deberían tomar en cuenta, a su criterio, para reducir el índice carcelario del país y mejorar el sistema penitenciario.

Entre las alternativas mencionadas por los especialistas destacan el uso de brazaletes electrónicos, arresto domiciliario, pago de fianza o incluso acudir a las unidades de mediación y conciliación en la Procuraduría General de la República (PGR) antes de interponer denuncias penales.

La mayoría de las alternativas ya están en la legislación salvadoreña, sin embargo, deben potencializarse para lograr mejores resultados, explicaron los ponentes. "Se tiene que repensar la necesidad de crear penas privativas de derechos o penas que se conocen como condicionales (sin cárcel)", aconsejó Martín Martínez.

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