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Buscan resolver el perjuicio económico en caso CEL-Enel

Después de un acuerdo entre el Estado salvadoreño y Enel, la Fiscalía ha renunciado a la responsabilidad civil. Sin embargo, CEL insiste en obtenerlo.
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La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa Inversiones Energética (INE) se quedaron solas ayer en su reclamo de perseguir la responsabilidad civil en el caso CEL-ENEL: ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni mucho menos los acusados se mostraron interesados en insistir sobre el punto reclamado.

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador efectuó ayer una audiencia para resolver si avalaba la responsabilidad civil –o pago por el supuesto perjuicio económico– en parte del caso. Bajo la orden de este juzgado quedaron 10 acusados, para los que la FGR solicitó la exoneración definitiva al inicio del proceso. Los acusados ya no podían ser procesados porque el tiempo para hacerlo ya había prescrito cuando la FGR presentó el requerimiento.

La fiscal asignado mantuvo la postura que la FGR ya no está interesada en perseguir la responsabilidad civil –que la misma institución cifró en más de $2,000 millones– debido al acuerdo existente entre el Estado con la empresa italiana Enel Greenpower, firmado a finales del año pasado.

El acuerdo puso fin a un millonario arbitraje entre el Estado salvadoreño y la compañía italiana dedicada la explotación de energía geotérmica. El documento establece que El Salvador obtendrá por $280 millones el retorno total de las acciones que los italianos tenían en LaGeo, pero que se dejará de lado la responsabilidad civil.

Óscar Romero, representante jurídico de CEL e INE, aseguró ayer que el denominado Acuerdo Marco únicamente habla de olvidar el reclamo de la responsabilidad civil para Enel y sus representantes, no así para el resto de acusados. “Independientemente del acuerdo, el fiscal general es el abogado del Estado, no de una sociedad anónima privada”, manifestó ayer en audiencia Romero, haciendo referencia a que actualmente INE –una empresa privada– es la propietaria de las acciones que la estatal CEL posee en la empresa geotérmica LaGeo.

Por ello, según la versión de Romero, el fiscal Luis Martínez no podía pronunciarse acerca de un patrimonio privado.

La fiscal del caso, que prefirió no identificarse, mostró el documento del Acuerdo Marco ante las cámaras de los medios que, en su Antecedente 4, se consigna quienes formaron parte de la negociación “puede verse CEL, INE. O sea, ellos lo negociaron”.

Los abogados de los acusados, por su parte, se mostraron todos de acuerdo con la postura de la FGR: olvidar la persecución de la responsabilidad civil, único pendiente que ata a sus clientes al proceso judicial.

Uno de los defensores, Lizandro Quintanilla, cuestionó el actual reclamo de los representantes de CEL e INE, “porque ellos no tienen calidad de parte en este proceso, ni se constituyeron como querella”.

La falta de acuerdo entre CEL, INE y la Fiscalía ya había sido planteada en la audiencia preliminar de los otros procesados del caso CEL-Enel, en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador programó para el 18 de mayo dar su resolución.

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