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CCR confirma irregularidades en caso El Chaparral

Cámara emitió únicamente dos reparos por irregularidades encontradas en la adjudicación y ejecución de contratos para la construcción de la represa. No hay altos mandos entre los cuestionados por pagos.
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El Chaparral.  La construcción de esta central hidroeléctrica nació con el propósito, según explicaron las autoridades, de lograr un incremento en la oferta energética del país.

El Chaparral. La construcción de esta central hidroeléctrica nació con el propósito, según explicaron las autoridades, de lograr un incremento en la oferta energética del país.

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El juicio de cuentas sobre la ejecución del contrato, bajo la modalidad llave en mano, para la construcción de la represa El Chaparral está en su etapa final en la Cámara Primera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Cuatro de los mandos medios de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que estuvieron activos durante el periodo 2009-2013, no han podido explicar ni desvanecer por qué hubo pagos indebidos a las empresas contratadas para la ejecución del proyecto y por qué hacen falta registros contables. El pasado 26 de agosto, la cámara emitió una resolución con un pliego de reparos y les otorgó 15 días hábiles para defenderse de los señalamientos. De lo contrario, cada uno será multado por la CCR por haber permitido que bajo su administración la CEL perdiera $210,912.71 de su patrimonio.

Si los mandos medios no logran desvanecer los hallazgos también tendrán que enfrentar un proceso penal, dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR), que realiza su propia investigación para determinar si hubo irregularidades en el cierre del contrato con ASTALDI, la empresa que construiría la presa.

Con los reparos establecidos recientemente por la cámara, apuntando a los mandos medios como únicos responsables, no serán procesados por la Corte de Cuentas los extitulares que estuvieron en la CEL cuando se ejecutó el proyecto, como el exdirector José Leopoldo Samour Gómez y sus antecesores Írving Pabel Tóchez Maravilla y Nicolás Salume. Esto porque el examen especial que llegó a la Cámara de Primera Instancia contenía algunos vicios y, según señalan los jueces de cuentas en el documento, los auditores omitieron información, con lo que se favoreció a ex altos mandos de la CEL.

Los hallazgos que no estaban contemplados en el examen especial presentado a la cámara tenían que ver con el pago anticipado a ASTALDI, sin haber existido avances de obras recibidas y documentación de respaldo. Otro hallazgo omitido es que los anticipos pagados no fueron ejecutados adecuadamente por ASTALDI y que esta se atrasó en la ejecución del proyecto. La omisión de información, según distintas fuentes dentro y fuera de la Corte de Cuentas, fue a propósito con la intervención de tres expresidentes del ente contralor (ver nota secundaria).

Los dos reparos

El pliego de reparos detalla únicamente dos irregularidades en los contratos y ejecución del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, un reparo administrativo y el otro patrimonial. Eso a pesar de que, según el borrador del informe del examen oficial, los auditores habían encontrado al menos seis irregularidades que en el informe final ya no aparecen y que, por tanto, no fueron conocidos por la cámara.

El único responsable del hallazgo administrativo, según el expediente que llegó a la cámara, es el exjefe del Departamento de Contabilidad de la CEL Miguel Orlando Chávez Martínez, quien debe explicar por qué hacían falta algunos registros contables y por qué fueron incorporados fuera del tiempo establecido.

Esos registros tenían que ver con el gasto por comisión de un préstamo que la CEL hizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar el proyecto hidroeléctrico. Los registros de septiembre de 2008 a febrero de 2009 no estaban debidamente documentados. El monto de lo que faltó documentar y llevar al día en registros contables ascendió a $544,446.72.

Según la cámara, no incorporar los registros en el tiempo establecido violentó el principio 4 del Romano VIII, literal B, del Manual Técnico de la Superintendencia del Sistema Financiero y, además, incurrió en la falta sancionada en el artículo 191 de la Ley de la Administración Financiera del Estado.

Respecto al hallazgo de la irregularidad patrimonial, los cuestionados son el exjefe del Departamento de Tesorería de la CEL Jaime Roberto Ernesto Jacome, el excoordinador de proyectos Jaime Eduardo Contreras Lemus y el exdirector de proyecto y administrador de contrato Mario Campos Monterrosa.

Todos ellos deben responder por $210,912.71 que CEL pagó indebidamente en gastos reembolsables y no elegibles al consorcio EUROESTUDIOS-INGETEC. Además, los auditores comprobaron que no había suficiente documentación para respaldar cada uno de los desembolsos.

Las principales deficiencias de esos pagos, según el pliego de reparos, están detalladas así: hay un monto de $208,400 en concepto de alquiler de las viviendas, donde se alojaron la mayoría de los empleados e ingenieros que estaban trabajando en El Chaparral, que no está documentado.

De acuerdo con los auditores no encontraron los registros que acrediten esa cantidad de dinero gastada en el alquiler de viviendas.

La otra deficiencia encontrada es que hubo un total de $2,512.71 en concepto de gastos de oficina, pero los auditores comprobaron que ese dinero realmente correspondía a otro rubro muy diferente. Según la auditoría, ese dinero era de los aportes patronales al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los cuales no son elegibles por estar en el contrato.

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