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CEL prepara demanda civil por $45 mill en caso El Chaparral

FGR pidió ayer prisión provisional para el expresidente de CEL y dos representantes de la constructora Astaldi, quienes están acusados de pactar sobornos. Jueza dará resolución la próxima semana.

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Ausentes. Ninguno de los tres imputados que enfrentaron ayer la audiencia inicial por corrupción en la presa El Chaparral estuvo en los tribunales. Solo enviaron a sus abogados.

Ausentes. Ninguno de los tres imputados que enfrentaron ayer la audiencia inicial por corrupción en la presa El Chaparral estuvo en los tribunales. Solo enviaron a sus abogados.

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Óscar Alas, representante de la actual administración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), anunció ayer que preparan una demanda civil por $45 millones contra los acusados de haber cometido corrupción en la construcción de la presa El Chaparral. Se trata del monto que, según la fiscalía, fue el sobreprecio acordado entre la autónoma y Astaldi para terminar el contrato, pese a que la obra quedó inconclusa.

Alas le dijo a la jueza Novena de Paz de San Salvador, Íngrid Fuentes, que CEL acordó esperar la resolución del proceso penal del caso que ella tiene a cargo para presentar la demanda civil.

"La junta directiva emitió un acuerdo sobre qué hacer con esos documentos del arreglo directo, porque halló irregularidades. Quedamos en que esperaríamos que esté resuelta la acción penal para ejercer la acción civil", dijo el presentante de CEL.

El apoderado hizo la solicitud en la última etapa de la audiencia inicial que el Juzgado Noveno de Paz desarrolló ayer contra el expresidente de CEL Leopoldo Samour y dos representantes de la constructora Astaldi: Mario Pieragostini y José Quinteros.

De acuerdo con la acusación fiscal, el exfuncionario de CEL y los dos de Astaldi son parte de una estructura que negoció un contrato favorable para la empresa, en el cual también figuran el expresidente de la república Mauricio Funes, su actual pareja, Mitchell Guzmán, y Miguel Meléndez, "Mecafé".

La fiscalía acusa a Samour, en este caso, de ser el autor directo del delito de peculado (mal uso de fondos públicos) y agrupaciones ilícitas; mientras que el exmandatario Funes y "Mecafé" son señalados por influir en la malversación de fondos, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El italiano Mario Pieragostini es imputado por cohecho activo (soborno); José Quinteros y Mitchell Guzmán son acusados como actores directos de lavar el dinero.

"Se ha determinado en la investigación, la existencia de una estructura criminal que tenía la finalidad de cometer corrupción en diferentes instituciones del Estado. No solo cometieron corrupción en la Presidencia, hemos demostrado que Leopoldo Samour colaboró con la estructura para desviar fondos de la CEL sobre la presa El Chaparral", dijo ayer una fiscal.

La FGR aseguró que ha logrado certificar que Funes, "Mecafé", Pieragostini y Samour acordaron finalizar el contrato por mutuo acuerdo entre CEL y Astaldi en un arreglo donde pactaron pagar $45,244,418 más del monto real de la obra, que en 2012 tenía un retraso del 68.48 %.

La acusación, además, establece que Pieragostini, en nombre de la constructora, ofreció un soborno de $3.5 millones que fueron repartidos entre los implicados a cambio del arreglo directo.

Ayer, la fiscalía sostuvo que Astaldi repartió ese supuesto soborno después de que CEL canceló en su totalidad los $108.5 millones pactados. Uno de los fiscales reiteró que el pago fue hecho a través de las empresas "offshore" Railway International Trading Corp. y Rift Internacional, S. A., ambas relacionadas con la sociedad constructora, que simuló pagos por servicios.

Ese monto fue desviado después a dos sociedades de la misma naturaleza que constituyó "Mecafé" en Panamá. La investigación fiscal aseguró que fue él quien envió $650,000 a la empresa Latin America Spas, propiedad del expresidente Funes y dirigida por su pareja, Mitchell Guzmán. Ese dinero fue utilizado para constituir la sociedad y comprar un inmueble en la colonia Maquilishuat y otro en Santa Elena (municipio de Antiguo Cuscatlán).

La fiscalía sostiene que José Quinteros entró en la estructura cuando el dinero llegó a la empresa Latin America Spas. Fue quien ideó esconderlo en la compra de inmuebles. En el caso de Pieragostini, está acusado de promover el acuerdo al interior de Astaldi.

Rodrigo Avelar, defensor del expresidente de CEL, dijo ayer que su cliente no tuvo responsabilidad en ese arreglo directo, porque "CEL no funciona como una empresa privada, donde una sola persona toma las decisiones". Contrario a eso, señaló que la decisión de entregar ese monto a Astaldi fue un acuerdo de la junta directiva. Agregó que eso obedeció al aval que les otorgó la Corte de Cuentas de la República.

Sin embargo, una de las fiscales leyó el acta del acuerdo donde dice que "por recomendaciones del presidente de CEL acuerda pagar a Astaldi los $108.5 millones como arreglo directo". Eso, según la FGR, significa que fue Samour quien presionó para el arreglo.

El defensor de Pieragostini dijo que el empresario italiano no tiene ningún vínculo con esas empresas que supuestamente transfirieron el dinero desde Luxemburgo hacia Panamá. "No hay promesa, ofrecimiento ni entrega de dinero", agregó como argumento de que su cliente no ha cometido el delito de cohecho.

La defensa de Quinteros dijo que no es responsable de ocultar el origen las transacciones; porque no aparece en ningún documento que pueda probar esa acusación que le hace la FGR.

La jueza Íngrid Fuentes señaló que el martes de la próxima semana daría la resolución sobre los tres acusados, donde decidirá si deben continuar procesados en prisión provisional, con alguna medida alterna a la detención o si los exonera de cargos.

El lunes pasado, esa misma jueza envió a prisión preventiva a "Mecafé", mientras que Funes y su pareja, Mitchell Guzmán, no presentaron abogado ni se presentaron a la audiencia. Ambos gozan de asilo otorgado por el régimen de Daniel Ortega.

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