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CIDH: El Salvador debe escribir en ley que el agua es un derecho humano

Esta es solo una de las casi 50 recomendaciones que el organismo de la OEA ha hecho en su primera visita al país después de tres décadas.
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La falta de agua potable en muchos lugares del país es una de las demandas planteadas a la CIDH.

La falta de agua potable en muchos lugares del país es una de las demandas planteadas a la CIDH.

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Casi 50 recomendaciones ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a El Salvador, en su informe preliminar tras la visita "in loco" que hizo al país entre el 2 y el 4 de diciembre recién pasados, después de poco más de tres décadas sin hacer una visita de este tipo.

Durante esos tres días, la Comisión fue informada sobre que El Salvador tiene la tasa más baja de disponibilidad de agua dulce per cápita de Centroamérica, con un agravante: la vulnerabilidad del recurso sea hace todavía más alta al tomar en cuenta que depende de fuentes hídricas y cuencas situadas en países vecinos, puesto que puede ocurrir contaminación transfronteriza.

Sumado a lo anterior, la Comisión también escuchó hablar del corredor seco que está siendo brutalmente afectado por el cambio climático, de 600,000 salvadoreños que no tienen acceso al agua ni siquiera cuando llueve, de la disminución en la producción de agua potable a través de los pozos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), del deficiente servicio que esta autónoma ofrece a la población, de la falta de equidad en el cobro de tarifas por consumo de agua, de la creciente demanda de agua por parte del sector agrícola e industrial y de la ausencia de leyes que protejan los mantos acuíferos.

En ese sentido, una de esas casi 50 recomendaciones que ha hecho la CIDH en su informe preliminar reza: "Reconocer en el ordenamiento jurídico interno el derecho humano al agua y al saneamiento".

El organismo internacional, que es uno de los órganos principales y autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA), recomienda además propiciar una administración integral y coordinada del recurso hídrico como bien público, desde un enfoque de derechos humanos: "asegurar que los permisos de uso de agua y los convenios con las empresas sobre dicho recurso no pongan en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua", según reza el documento, publicado a finales de 2019.

Para lo anterior, la Comisión aconseja al Estado adoptar medidas para implementar los estándares interamericanos relacionados con el ámbito de empresas y derechos humanos, de acuerdo con una segunda recomendación.

Siempre en referencia a este punto, el órgano ve necesario "impulsar la negociación de un tratado de cooperación transfronterizo para garantizar prevención, regulación y supervisión de un manejo integral y sustentable de las cuencas compartidas, adoptando como punto central el derecho humano al agua", según reza una tercera recomendación.

La situación de la disponibilidad de agua para consumo humano sobresalió en el apartado de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, uno de los seis temas que fueron incluidos en la agenda de la visita, que tuvo lugar a raíz de una invitación que extendió a la CIDH el Gobierno salvadoreño.

En este apartado, sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha recomendado la ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre acceso a la información pública, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

"La CIDH y su REDESCA (Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales) entienden que el acceso al agua constituye un elemento necesario para garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y que es aspecto inherente al derecho a la salud, además de su estrecha relación con otros derechos sociales como alimentación o vivienda. En consideración de esta perspectiva, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la satisfacción de un nivel esencial de acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad para el consumo humano sin discriminación alguna", advierte el organismo de la OEA.

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