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CIDH admite nueva demanda contra el Estado por caso FAES

La comisión emitió una carta al ministro de Relaciones Exteriores para que se pronuncie “con la mayor brevedad posible” sobre la demanda.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió, el 25 de mayo pasado, una demanda contra el Estado salvadoreño presentada por el coronel Adrián Meléndez Quijano, quien afirma que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) le violentó los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a proteger su honra y dignidad y a contar con protección judicial.

La secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, remitió una carta el 29 de junio pasado al ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador en la que le pide se pronuncie sobre el caso “con la mayor brevedad posible”, con el fin de llegar a una solución amistosa con el afectado para resarcir el presunto daño causado, previo a una posible audiencia.

La CIDH ha establecido el plazo de cuatro meses para que la víctima también haga comentarios sobre el fondo de la demanda.

Meléndez Quijano ha librado una lucha jurídica con los militares del alto mando, que data de la década de los noventa, en la cual ha señalado atropellos a sus derechos, como, por ejemplo, la negativa a permitirle ascender o continuos arrestos arbitrarios.

Según consta en un documento realizado por el Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), y retoma la CIDH en el resumen del caso, en 1996 Meléndez era el jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa. En ese momento comunicó a sus superiores sobre una denuncia que recibió por parte de Gilberto Alfonso Hernández, quien señaló al entonces mayor Salvador Palacios Castillo de haberle disparado a él y a su familia cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Producto del caso, Palacios Castillo fue prisionero durante 30 días y firmó el “Libro de los Advertidos de Problemas Alcohólicos” del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Según la supuesta víctima, ese fue el inicio de un continuo hostigamiento en su contra. “Dicho mayor (Palacios Castillo), al momento de la presentación de la petición, poseía el grado de coronel y en 2006 pasó a ser el comandante general de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Indican que el señor Meléndez Quijano fue víctima de arrestos arbitrarios el 19 de julio de 2001, 31 de diciembre de 2004 y 2 de septiembre de 2005”, se lee en los antecedentes presentados por la CIDH.

El IDHUCA documentó que posterior al evento contra Palacios Castillo, este tuvo otros problemas más graves en los que hasta intentó agredir físicamente a Meléndez.

La CIDH presentó entre los hechos que el 30 de noviembre de 2001 “la víctima fue arbitrariamente dada de baja por parte del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas”, luego de que se le adjudicaron faltas a la normativa de la FAES como enviar un avión a vuelo sin autorización.

Sobre ese caso fue reconocido un recurso de amparo, el 3 de noviembre de 2003, por lo que Meléndez recuperó el alta; sin embargo, “si bien se le reintegró al servicio, la sentencia no ha sido cumplida en su totalidad, en particular en lo referente a su grado y beneficios salariales, contrario a lo que afirmó el presidente de la república en el informe de cumplimiento de la sentencia”.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2005, la Fuerza Armada inició un juicio militar en contra de Meléndez por el delito de insubordinación, debido a las declaraciones vertidas a los medios de comunicación en las que responsabilizó al entonces ministro de la Defensa Otto Romero por cualquier represalia contra él y su familia “como consecuencia de su lucha por los derechos humanos”.

El 19 de abril de 2006, el juez de Primera Instancia Militar condenó a Meléndez a un año y tres meses de prisión, pena que luego de varios recursos interpuestos fue reducida por sesenta jornadas semanales de utilidad públicas, además de la “incapacidad para ocupar cargos o empleos públicos y postergación en su ascenso al grado inmediato superior”.

Luego de otros juicios en su contra, Meléndez llevó a los tribunales al alto mando de la Fuerza Armada en 2005 por delitos de falsedad ideológica y privación de libertad, expediente que posteriormente fue archivado. Además, denunció amenazas y hostigamientos a su familia.

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo que debido a que Meléndez está en situación de retiro, el tema ya no es jurisdicción de la Fuerza Armada.

El Estado salvadoreño ha sostenido que la petición del demandante es inadmisible, y que las instituciones de Gobierno han cumplido con sus roles, según consta en el informe de la CIDH.

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