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CIDH estudia irrespeto a la independencia judicial en El Salvador

Organizaciones civiles le plantearon ayer que se trata de una acción ejecutada por el presidente de la República.

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Solicitud. Organizaciones le pidieron a la CIDH que se pronunciara sobre el respeto a la independencia judicial en la región, principalmente en El Salvador.

Solicitud. Organizaciones le pidieron a la CIDH que se pronunciara sobre el respeto a la independencia judicial en la región, principalmente en El Salvador.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia el irrespeto a la independencia judicial por parte del Gobierno salvadoreño.

El análisis del organismo internacional responde a una solicitud que le hicieron ayer 12  organizaciones de la sociedad civil de la región en una audiencia sobre los desafíos y obstáculos de los sistemas de justicia en el contexto del covid-19.

Lilliam Arrieta, de FUSADES, planteó en la audiencia, desarrollada de forma virtual, que en El Salvador “hemos visto ataques a funcionarios judiciales por parte del mismo presidente de la República, que ha pronunciado expresiones sumamente irrespetuosas y estigmatizantes  en contra de los magistrados del tribunal constitucional por sentencias que le han sido adversas”.

La petición de FUSADES coincide con la denuncia que hicieron el mes pasado magistrados de cámara y jueces al relator  especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados  sobre lo que consideran “graves violaciones a la independencia judicial” de parte de funcionarios del Ejecutivo, pero “especialmente” del presidente de la república, Nayib    Bukele.
 El comisionado presidente de la CIDH, Joel Hernández, señaló ayer que  hay debilidades en la sociedad que ahora se han hecho más evidentes y la “independencia judicial es un tema que hemos venido trabajando. Hoy es evidente que necesitamos fortalecimiento de este tema para que la justicia sea más accesible a todos”.

Arrieta puso de ejemplo el bloqueo que el ministro de Defensa,  René Merino Monroy, ha impuesto al acceso de los archivos militares sobre la masacre de El Mozote. Una acción que ha acuerpado el presidente Bukele. La CIDH ha mostrado preocupación por la negativa del Gobierno salvadoreño de cumplir con esa orden judicial.

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