CIDH insiste en que El Salvador no debe renovar medidas extraordinarias

CIDH señala que  las medidas extraordinarias en los penales de El Salvador han provocado graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al Estado salvadoreño no renovar las medidas extraordinarias de seguridad porque "han ocasionados serios riesgos para la vida e integridad" de las personas detenidas en cárceles.

"En el ámbito carcelario, además de incrementar las tasas de encarcelamiento, estas medidas han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, suspensión del régimen de visitas, y traslados forzosos a fin de alejar a los internos de sus familiares", se lee en la resolución de la CIDH publicada hoy.

El Gobierno salvadoreño implementó desde abril de 2016 medidas severas en siete prisiones donde están recluidos miembros de las pandillas más numerosas del país. La estrategia, de acuerdo con las autoridades, busca elevar el control de las cárceles para detener la influencia de pandilleros hacia el cometimiento de delitos.

En febrero de 2017 fueron prorrogadas por un año más, cuyo vencimiento es el próximo mes, por lo que el Ministerio de Justicia y Seguridad busca una nueva prórroga.

"Con la adopción de estas medidas se presentarían serias afectaciones al debido proceso de los internos que han conllevado a la prolongación arbitraria de la privación de libertad", dice la CIDH, quien considera que esas afectaciones incluyen "obstáculos para el acceso a defesa jurídica, participación limitada en los procesos de forma remota a través de videoconferencias, y suspensión constante de audiencias judiciales".

La CIDH estuvo en El Salvador en noviembre pasado y en esa ocasión manifestó su preocupación por la vigencia de estas medidas "de carácter represivo", y por sus consecuentes "afectaciones a los derechos de las personas privadas de libertad".

La Comisión también advierte que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; y la relatora de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, se han pronunciado al respecto, y llaman al Estado salvadoreño a derogar esas medidas, así como a permitir el acceso a organismos independientes de monitoreo. 

"El Estado salvadoreño, como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tiene el deber ineludible de realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas privadas de libertad", señala la CIDH

Agrega que "El Salvador debe aplicar el régimen de aislamiento de conformidad con estándares internacionales en la materia, proveer servicios de salud a la población penitenciaria, restablecer el régimen de visitas, y en general, garantizar condiciones dignas de detención".

 

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