CIDH instaló Sala para monitorear situación en El Salvador

La Comisión Interamericana de derechos humanos sentó postura sobre lo que sucede en uno de sus estados miembros.

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Postura. La CIDH pidió a los órganos Ejecutivo y Legislativo que respeten la idependencia judicial en El Salvador.

Postura. La CIDH pidió a los órganos Ejecutivo y Legislativo que respeten la idependencia judicial en El Salvador.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la decisión de la nueva Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ordenó instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integral para "atender la grave situación que afecta la institucionalidad y los derechos humanos en el país".

El pronunciamiento de la CIDH llegó ayer, horas después que la Asamblea Legislativa de El Salvador, con 64 votos de las bancadas de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, decidió apartar a los miembros del Máximo Tribunal salvadoreño y nombrar a nuevos afines al gobierno.

"La CIDH rechaza la decisión de la Asamblea de El Salvador, el 1 mayo, de destituir al pleno de magistrados titulares y suplentes de la Sala Constitucional y al Fiscal General sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho", expuso la Comisión.

Ayer mismo la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la resolución legislativa y la CIDH pidió a los diputados y al Órgano Ejecutivo, que encabeza el presidente Nayib Bukele, que respete esa decisión para "garantizar la separación de poderes y el orden democrático".

También instaló la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integral (SACROI), que será la encargada de monitorear la situación en El Salvador.

PIDEN MEDIDAS CAUTELARES

La respuesta de la CIDH también llegó horas después que la abogada salvadoreña Ruth Eleonor López envió una solicitud de medidas cautelares urgentes "ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas".

López solicitó que se "adopten las medidas necesarias para preservar la vida personal y estabilidad laboral de los magistrados, jueces y personal del Órgano Judicial" debido a que, después de la decisión de la Asamblea Legislativa, las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia fueran tomadas por la Policía Nacional Civil y por los abogados propuestos por los diputados oficialistas como nuevos magistrados de la Sala.

López también ha obtenido el respaldo de otras organizaciones internacionales que se han sumado a pedir lo mismo, el respeto del estado de derecho, y también de defensores de derechos humanos como Celia Medrano, quien es candidata a la secretaría ejecutiva de la CIDH.

"La Corte Suprema de Justicia es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadania y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los tres poderes del Estado. Es doblegar a quien se oponga desde el abuso de la facultad de legislar", expuso.

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