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CIDH ordena al Estado proteger a familia desplazada

La CIDH señaló que el Estado aún no ha reconocido el fenómeno del desplazamiento forzado y que esa es una de las razones por las que ordenó las medidas de protección para una familia.
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FOTO DE LA PRENSA/archivo Rol de PNC.  La CIDH señaló que la Policía se ha limitado a cuidar a las familias mientras desalojan sus viviendas. En la gráfica una imagen de carácter ilustrativo.

FOTO DE LA PRENSA/archivo Rol de PNC. La CIDH señaló que la Policía se ha limitado a cuidar a las familias mientras desalojan sus viviendas. En la gráfica una imagen de carácter ilustrativo.

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La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) ordenó ayer al Estado salvadoreño que adopte medidas para proteger la vida y la integridad física de cada uno de los miembros de una familia que fue obligada a desalojar su vivienda por amenazas de la pandilla Barrio 18.

La CIDH también señaló que la activación de los protocolos de protección deben hacerse de forma inmediata, ya que la familia se encuentra actualmente en un albergue que no reúne las condiciones de seguridad y tampoco cuentan con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados mientras su situación es resuelta, a pesar de las denuncias que hizo la familia.

 “La CIDH solicitó al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas”.  
Pronunciamiento de CIDH

Los detalles del caso fueron puestos en reserva para proteger las identidades de los miembros de la familia, lo único que reveló la CIDH fue que las amenazas que provocaron el desplazamiento forzado fueron la consecuencia de que la familia denunció el asesinato de algunos de sus miembros.

La CIDH también ordenó a las autoridades salvadoreñas que elaboren un informe sobre cuáles serán las acciones a tomar para proteger a la familia y para investigar el caso. Con ese informe, la CIDH informó que le dará seguimiento a las acciones de las autoridades salvadoreñas.

Entre las razones por las que la comisión ordenó la activación del protocolo de protección está que el fenómeno de desplazamiento forzado sigue sin haber sido reconocido por las autoridades.

“A nivel contextual, la CIDH tomó en cuenta que la relatora especial sobre los desplazados internos, Cecilia Jiménez, en su visita a El Salvador en agosto, sostuvo que ‘el fenómeno del desplazamiento interno provocado por la violencia generalizada y relacionada con las pandillas es una crisis significativa y, en gran medida, no reconocida en El Salvador, que afecta a miles de personas, familias y comunidades enteras’”, se lee en el comunicado de la CIDH.

De acuerdo con la organización no gubernamental Cristosal, que da seguimiento a los casos de desplazamiento forzado, la familia para la que pidió las medidas de protección es la misma por la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó, en octubre pasado, como medida cautelar que la Policía no se limitara a cuidar a la familia en el momento del desalojo de vivienda, sino que procese la denuncia e investigue.

La Sala también señaló omisión por parte de las instituciones del sector justicia, ya que no garantizaron los derechos de la familia al no aplicar la Ley de Protección a Víctimas y Testigos. Además de la admisión de ese amparo, la Sala admitió otros tres de familias desplazadas, en los que también ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía que activaran los protocolos de protección.

Los casos de esas cuatro familias desplazadas son parte de las 138 que la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDDH) registró entre abril de 2016 y mayo de este año. De esos, solamente 37 fueron denunciados ante las autoridades y nuevo fueron provocados por la PNC.

 

138
 Familias fueron desplazadas forzadamente por violencia entre abril 2016 y mayo de este año: PDDH.

9
 De los casos de desplazamiento que conoció la PDDH fueron provocados por la Policía.


 

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