CSJ aprueba pedir datos de magistrados demandados

Avalan mandar a solicitar información a países de magistrados CCJ
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó ayer mandar a pedir información a los países de procedencia de los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que enfrentan una demanda por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) en la Fiscalía General de la República (FGR).

El 31 de julio de 2012, la organización Aliados por la Democracia denunció ante la Fiscalía a cinco integrantes de la CCJ: al hondureño Francisco Darío Lobo; a los nicaragüenses Silvia Isabel Rosales y Carlos Antonio Guerra; y a los salvadoreños Ricardo Acevedo y Alejandro Gómez Vides. A todos les atribuyeron prevaricato por haber emitido resoluciones para neutralizar los fallos de la Sala de lo Constitucional que invalidaron dos elecciones de magistrados de la CSJ.

Ayer, 10 magistrados de la CSJ avalaron que se gestione con las autoridades de Nicaragua y Honduras la información solicitada por la FGR. La Fiscalía, a través de su unidad de comunicaciones, explicó que esperarán ser notificados de la aprobación del trámite para dar detalles acerca de la información que pedirán de los magistrados denunciados.

Aliados por la Democracia no había sido notificada de ningún avance de la investigación en los últimos siete meses, según Ima Guirola, representante de CEMUJER, una de las ONG que integran Aliados.

“Creo que es importante que la FGR dé pasos serios y decididos en relación con la demanda establecida contra los magistrados de la Corte Centroamericana. De agosto a la fecha no hemos tenido, como parte demandante, comunicación alguna de la FGR. Evidentemente tenemos una institucionalidad que camina muy lentamente”, señaló ayer Guirola.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), integrante de Aliados y firmante de la denuncia, ha dicho que no retirarán la acusación y que pretenden que los magistrados del tribunal regional vayan a la cárcel. El prevaricato puede ser castigado con tres años de prisión.

El 21 de agosto de 2012, la Asamblea repitió la elección de los magistrados cuyos nombramientos habían sido invalidados por la Sala de lo Constitucional. Eso significó el fin de la crisis institucional derivada del incumplimiento de los fallos de la sala.

“No activamos la denuncia para amedrentar a nadie. Y no es que porque ya se solucionó el conflicto, la vamos a retirar. La intervención de los magistrados de la Corte Centroamericana violentó la soberanía nacional. Esperamos que la FGR asuma porque, si no, caería en omisión de la investigación”, aseguró Guirola.

Recientemente, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra la creación del tribunal regional y contra la atribución de este de resolver conflictos entre órganos de Estado.

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