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CSJ aprueba tres criterios para declarar patrimonio

FUSADES señaló que observan que disminuyó la voluntad del pleno Corte Suprema para resolver casos de enriquecimiento ilícito.
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CSJ aprueba tres criterios para declarar patrimonio

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó ayer tres nuevos criterios para realizar las investigaciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios. Los magistrados resolvieron, en primer lugar, que la Sección de Probidad de la Corte puede investigar hasta un año después del cese de funciones de un funcionario.

Los magistrados también establecieron que los funcionarios nombrados de manera indefinida en sus cargos, como los jueces, deben presentar una actualización de su declaración patrimonial cada tres años. El tercer criterio es que los funcionarios que se reeligen o vuelven a ser nombrados deben presentar su declaración al inicio y cese de cada cargo.

En 2016, la Corte ordenó siete juicios por indicios de enriquecimiento ilícito; en 2017, conocieron seis exámenes finales de patrimonio, de los cuales los magistrados decidieron enviar a juicio por enriquecimiento ilícito únicamente a dos. Desde julio del año pasado, la Corte ha aprobado prórrogas, desde cinco a 90 días hábiles, a 15 funcionarios y exfuncionarios investigados para presentar sus descargos.

Ayer, la investigadora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Liliam Arrieta, señaló, durante el informe de coyuntura legal, que los magistrados han perdido la voluntad de conocer los exámenes patrimoniales.

“Parecería que la voluntad que existía antes en Corte Plena para conocer estos casos se ha quebrado un poco. Quizás los ocho votos que se requieren ya no se están logrando. Algunas veces hemos visto casos que están en agenda de Corte Plena que luego no se conocen”, dijo la abogada, y agregó que es “preocupante” que de Probidad solo haya analizado 17 declaraciones de inicio de funciones, cuando en 2017 recibió 1,819.

La semana pasada, el pleno retiró de agenda los expedientes patrimoniales de quien fue secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia en la gestión de Antonio Saca, Luis Mario Rodríguez, y del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.

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