CSJ aún no define situación de militares por caso jesuitas

El juzgado remitió ayer la información que hace constar la detención oficial de 4 militares arrestados por el asesinato de 6 sacerdotes Jesuitas. La PNC dice que actuó apegada a la ley.
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Parientes.  Los parientes de los militares, acompañados de diputados de ARENA, dieron ayer una conferencia de prensa y dijeron que estos no se entregarán.

Parientes. Los parientes de los militares, acompañados de diputados de ARENA, dieron ayer una conferencia de prensa y dijeron que estos no se entregarán.

Arrestos. Los abogados defensores de los militares y los familiares de estos consideraron ilegales y arbitrarios los arrestos. Entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada, cuatro militares fueron capturados.

Arrestos. Los abogados defensores de los militares y los familiares de estos consideraron ilegales y arbitrarios los arrestos. Entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada, cuatro militares fueron capturados.

CSJ aún no define situación de militares por caso jesuitas

CSJ aún no define situación de militares por caso jesuitas

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha comenzado a conocer el fondo de la solicitud de extradición contra cuatro militares capturados el viernes por la noche, vinculados al asesinato de seis sacerdotes jesuitas, y requeridos por la Audiencia Nacional de España, luego de que el Juzgado Primero de Paz de San Salvador le enviara el informe oficial sobre los cuatro arrestos.

El juzgado envió ayer, pocos minutos después del mediodía, un escrito a la CSJ en el que le hacía saber que el sábado se notificó oficialmente a Tomás Zárpate Castillo, Guillermo Alfredo Benavides, José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Ángel Pérez Vásquez, por los delitos que les imputa el juez español, Eloy Velasco. Los cuatro militares fueron los únicos detenidos por la Policía Internacional (INTERPOL), de un total de 17 órdenes de captura, el pasado viernes por la noche y sábado en la madrugada.

Los arrestos se originaron para darle cumplimiento a las órdenes internacionales de captura, o difusiones rojas, que los militares tenían en su contra, y luego de semanas de vacilaciones por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), que incluso preguntó a la CSJ qué hacía con las órdenes de captura.

El escrito del Juzgado Primero de Paz era necesario en la CSJ para que los magistrados comiencen a discutir el fondo del caso: el trámite para decidir si extraditan a los cuatro detenidos hacia España, para ser juzgados por el asesinato ocurrido en 1989. Ante la Audiencia Nacional española los militares están acusados de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.

El director general de la PNC, Howard Cotto, dijo ayer que las detenciones estuvieron apegadas a derecho; familiares de los detenidos (y quienes no han sido detenidos) y sus abogados calificaron los arrestos de “arbitrarios” y hasta de ilegales.

“Nosotros consideramos que estamos apegados a la ley”, dijo el director de la PNC.

El abogado de 13, de los 17 militares acusados, Lisandro Quintanilla, dijo ayer: “hago un llamado, una exhortación, a la Corte Suprema, para que una vez recibidas estas actuaciones se ponga en inmediata libertad a estas personas, porque las capturas son ilegales, porque en el año 2012 ellos mismos (la CSJ) ya dijeron que la extradición no era procedente”.

Quintanilla hacía referencia a la resolución de la CSJ de mayo de 2012, en la cual la Corte dictaminó que los militares no eran extraditables porque tal proceso no estaba vigente cuando ocurrió el múltiple homicidio. Debido a que hubo un análisis de la acusación contra los militares salvadoreños en España, de parte de la CSJ, Quintanilla argumenta que estos ya fueron juzgados.

Otro de los argumentos que los familiares y abogados de los militares utilizaron ayer para considerar ilegal el arresto es que en 2011 la CSJ dictaminó que la difusión roja de INTERPOL es una orden de localización, no de arresto. Tal determinación se dio, precisamente, en el contexto de las difusiones rojas emitidas por el juez Velasco en España.

Ni abogados, ni familiares dijeron nada del cambio de reglas que hizo en agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional de la CSJ, que estableció que las difusiones rojas sí deben ser consideradas órdenes de captura. Un comunicado del a presidencia de la República acuerpó ayer las capturas hechas por la PNC, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte.

“La policía lo que hizo fue agotar los recursos ante resoluciones que hablan sobre el caso y que eran contradictorias, por eso se hizo la consulta. Sin embargo, no se obtuvo respuesta de ello, por eso la PNC tuvo que proceder”, dijo ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

El funcionario hacía referencia a la reiteración de las difusiones rojas que el juez Velasco hizo a inicios de este año, y que llevó a la PNC a preguntar a la Corte si los detenía o no.

Hasta ayer, la CSJ no había decidido a qué tribunal designará para que siga el trámite de extradición. “Exigimos a las autoridades la inmediata liberación de los detenidos de manera arbitraria, y el cese de la persecución del resto de militares”, reza parte del comunicado leído ayer por familiares y abogados de los militares, durante una conferencia brindada en un hotel capitalino.

El ministro Ramírez Landaverde dijo, por su parte, que aún buscan al resto de militares con difusión roja, entre los que están los que formaron parte del Alto Mando de la Fuerza Armada (FAES). Tres de los cuatro que han sido detenidos eran miembros de tropa, con cargos de bajo rango.

“En estos momentos estamos en la búsqueda de ellos, que son personas requeridas por un proceso y que la PNC ha procedido a ejecutar la captura”, dijo el funcionario.

Paralelo a ello, el abogado Quintanilla y familiares aseguraron que los militares no se entregarán a la justicia: no se presentarían al juzgado, ni a la CSJ y continuarán ocultos.

“Cualquier decisión de la Corte que vaya orientada a permitir el proceso de extradición, nos vamos a oponer férreamente y vamos a echar mano de todos y cada uno de los recursos o mecanismos que la ley nos permita para evitar esta”, dijo Quintanilla.

Carlos Guzmán, otro de los abogados e hijo de uno de los militares requeridos, opinó ayer que “Nuestros padres jamás se fueron a resguardar a una guarnición militar, nuestros padres se presentaron voluntariamente en agosto de 2011. Aquí se ha malinterpretado que ellos se fueron a esconder ahí, y no es eso”. Guzmán, hijo del coronel Carlos Guzmán Aguilar, se refería a que en 2011 los militares acudieron a la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM) —en lugar de ir a la PNC o la CSJ— mientras la Corte discutía el caso. El abogado matizó que los familiares “no vamos a subvertir el orden público”.

Opiniones encontradas

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Andreu Oliva, manifestó ayer que el hecho que se lleve a cabo el juicio levantará la imagen de El Salvador, porque esto implicará que se respeta el derecho internacional. Este proceso, dijo, denota que el actual Gobierno no quería molestarse con este caso y han actuado hasta que se dio cuenta que no tenía otra opción (más que ejecutar las órdenes de INTEPOL). “No ha habido ningún interés del Estado salvadoreño en que se haga justicia”, dijo.

El también sacerdote jesuita rechazó la idea planteada en los comunicados del PCN, ARENA y PDC, quienes han afirmado que el proceso implica abrir heridas. “La única manera de superar el pasado es conociendo la verdad, haciéndose justicia y reparándose el daño que se ha hecho a las víctimas”, declaró.

Por otro lado, Salvador Samayoa, firmante de los Acuerdos de Paz, asegura que la posible extradición de los militares abriría la posibilidad de enjuiciar a muchas más personas, algo que políticamente no es viable. “No ganamos nada con eso”, dijo, pese a reconocer el derecho a pedir justicia.

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