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CSJ debe $2.2 millones de agua y luz

Institución señala que el atraso en los pagos es debido a que el Ministerio de Hacienda no ha transferido los fondos.
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene cinco meses de no pagar los servicios de agua y electricidad y su deuda en ambos servicios asciende a $2.2 millones, monto que ha dejado de pagar porque, según la institución, el Ministerio de Hacienda no le ha transferido los fondos para cancelar.

La deuda con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) inició desde noviembre de 2015, fecha en la que la Corte empezó a deber –$114,464.03. En cinco meses alcanzó casi el millón de dólares, $824,667.92–, según datos proporcionados la semana pasada por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CSJ, que detalla hasta junio.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó una entrevista con el presidente de ANDA, Marco Fortín, para hablar del tema, pero no hubo respuesta a la gestión.

Mientras que en concepto de servicios de electricidad, la deuda con diferentes distribuidoras es de $1,271,615.26 desde abril hasta la fecha. Sin embargo, la Corte justifica, según el documento de acceso, que el atraso también es por Hacienda.

Sin embargo, el mes pasado la CSJ gastó $6.7 millones en bonos para sus más de 9,000 empleados. Cada uno de ellos recibió $700. En diciembre recibirán un bono más de $1,000. Según lo presupuestado desde el año pasado, este año, al igual que en 2015, la Corte desembolsará $16.7 millones para extras salariales. El Órgano Judicial destina, además, más de $1 millón para prestaciones (uniformes, calzado) de sus empleados.

La Corte, además, decidió que a partir de este año todos los trabajadores tendrían seguro médico privado. Por lo que incrementó a $6.1 millones su presupuesto para el pago de seguros de vida y seguros médicos hospitalarios. Cada trabajador judicial cuenta con este beneficio, debido a que anteriormente solo incluía a los jueces y magistrados del país.

El presidente de la Corte dijo que consideraba que el pago de los seguros de los empleados era un gasto justificado. Los magistrados sostienen que se trata de partidas diferentes (el pago de bonificaciones respecto al pago de servicios básicos) y que todo fue presupuestado desde el año pasado.

El jueves pasado, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió una disculpa a los proveedores de las diferentes instituciones y organismos del Estado por retraso en los pagos de julio.

“Julio fue un mes muy malo para la caja fiscal, caímos en el impago de los proveedores, eso ya no va a suceder en agosto. Ya pagamos a los lisiados, ya pagamos a los pensionados, ya pagamos $36 millones de la deuda (externa)”, aseguró el ministro.

Esta misma semana trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) también enfrenta atraso en pagos a sus proveedores, debido a que han acumulado un poco más de $4 millones de deuda. El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que parte del atraso es porque Hacienda no les ha realizado las transferencias y porque el presupuesto asignado a la FGR es insuficiente para cubrir todos los gastos. Para que no exista deuda, según el fiscal general, se necesita un ajuste que ronde los $80 millones para funcionar con solvencia. El ministro de Hacienda ya dijo que ese aumento es poco probable para el próximo año, debido a que la FGR tendrá el mismo presupuesto.

El Gobierno informó esta semana que desde la implementación del impuesto para la seguridad aplicado a la telefonía ha recaudado $36.5 millones. De esos han sido invertidos $27.5 millones. La mayor parte de lo invertido y ejecutado ha servido para pagar los bonos trimestrales a policías, a soldados que apoyan en tareas de seguridad y custodios de centros penales. Pero los agentes de Policía Nacional Civil (PNC) protestaron el pasado 1.º de agosto por el atraso de los pagos de bonificación; sin embargo, estos finalmente fueron depositados.

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