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CSJ decide abolir tribunales especializados

Han surgido opiniones encontradas por parte de jueces en cuanto a esta propuesta: algunos consideran que es necesaria porque los tribunales especializados tienen mucha carga laboral. Mientras que algunos jueces especializados consideran que no es lo indicado por la coyuntura del país.
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La propuesta.  La Corte Suprema discute el borrador de reforma que enviará a la Asamblea Legislativa. En este incluye todas las modificaciones que hará con la supresión.

La propuesta. La Corte Suprema discute el borrador de reforma que enviará a la Asamblea Legislativa. En este incluye todas las modificaciones que hará con la supresión.

CSJ decide abolir tribunales especializados

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió abolir todos los tribunales especializados del país para convertirlos en ordinarios. La decisión obedece a que los tribunales especializados tienen una carga excesiva de trabajo y esto provoca atraso en muchos procesos, según explicó ayer Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte.

Los tribunales especializados han estado recibiendo las acusaciones fiscales contra estructuras de pandillas procesadas por actos de terrorismo, desde que la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró como terroristas a los miembros de estos grupos.

El magistrado explicó que los jueces comunes también pueden resolver casos relacionados con pandillas y crimen organizado. “La administración de la justicia es indiferenciable (sic), y es el mismo trabajo que realizan los otros juzgados”, dijo Ramírez.

La Corte elaboró un borrador para pedir a la Asamblea Legislativa que cambie algunos artículos de la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja (LECCODREC), que es la que dio vida a los tribunales especializados desde 2006.

“Dada la situación en que los juzgados especializados contra la delincuencia organizada y delitos de realización compleja se encuentran, la sobrecarga de trabajo y los tipos de procesos que hasta la fecha han conocido, es necesario reorientar estos juzgados”, dice uno de los considerandos de la propuesta.

Son nueve juzgados y una cámara los que pasarían a ser tribunales comunes con la reforma. La cúpula del Órgano Judicial sugiere también: “Modifíquese en el artículo 19 (de la LECCODREC) la expresión Cámara Especializada por la de Cámara de lo Penal”.

El magistrado Ramírez dijo que la reforma no tiene relación con las medidas extraordinarias por la inseguridad impulsadas por el Ejecutivo. “Las medidas excepcionales son algo que será temporal, pero el cambio de tribunales será permanente y no es algo nuevo”, dijo el funcionario.

El pasado jueves 5 de mayo el pleno de la Corte discutió el tema. Sin embargo, según Ramírez Murcia, aún continúa el debate porque deben conocer los efectos que se generarán al entregar la petición a la Asamblea Legislativa. LA PRENSA GRÁFICA consultó vía telefónica al magistrado Sidney Blanco, de la Sala de lo Constitucional de la Corte, pero dijo que no brindaría declaraciones al respecto.

El proyecto supone el traslado de personal. Por ejemplo, que los empleados de los especializados de Sentencia de San Salvador pasarían a un nuevo tribunal de Sentencia en Santa Tecla, La Libertad.

Los atrasos en la depuración de expedientes y la mora en los tribunales especializados se han agudizado en los últimos años. El 17 de noviembre del año pasado, por ejemplo, la Corte detectó inconsistencias en 134 expedientes tramitados en el Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador. Por lo tanto, removió al juez Róger Rufino Paz y al secretario de ese tribunal, Tránsito José Díaz. Las inconsistencias iban desde casos que no tenían un expediente administrativo, otros en los que no se le dio trámite a recursos de revisión, algunos en los cuales se excedió el plazo de la detención provisional de los imputados (24 meses) y otros en los que se extraviaron páginas.

Reacciones

Algunos jueces especializados consultados ayer por este periódico explicaron que la Corte no les ha informado por escrito sobre este cambio. Cuando lo haga, dijeron, ellos solicitarán una reunión para conocer los motivos. “Estas cosas deben verse con mente fría. No podemos emitir ninguna opinión hasta que no seamos notificados”, dijo un juez Especializado de Sentencia de San Salvador, quien pidió no ser identificado.

Él sostuvo que esta situación ha generado dudas en el Órgano Judicial. “Se han generado expectativas y me preguntan por qué no hay nada en concreto, yo les respondo que seguiremos trabajando con lo que tenemos”, comentó.

El juez Especializado de Sentencia en Santa Ana, Carlos Linares Ascencio, considera, por su parte, que no es factible la eliminación de estos tribunales por la situación delincuencial del país. Y cuestiona si detrás de esta iniciativa hay conversaciones o prerrogativas con grupos delincuenciales.

“Esto podría ser producto de muchas cosas, hasta conversaciones con estructuras”, consideró.

La jueza Nora Montoya, del tribunal Noveno de Instrucción de San Salvador, ve positiva la medida, porque considera que los jueces especializados tienen mucho trabajo. Recientemente ella había sido nombrada para asumir en un tribunal Especializado.

“Considero que es una buena medida. Yo estuve en enero de este año laborando para esos juzgados y pude ver la acumulación de trabajo que tienen”, comentó, y agregó que, de acuerdo con el proyecto, el trabajo que realizan los especializados de Sentencia e Instrucción será dividido en 11 tribunales comunes.

“Esto quiere decir que conlleva agilizar los procesos, porque la cantidad de trabajo ha aumentado, y es importante que la Corte encamine a mejorar la atención de estos casos”, dijo Montoya.

Por su parte, el juez de Paz de La Libertad, quien también prefirió mantenerse en anonimato, dijo que respalda la decisión de la CSJ y considera que “es necesario que todos los jueces puedan conocer de ese tipo de estructura y no solo los jueces especializados, que están colapsados por la misma carga laboral”.

El juez consideró, además, que podrían crearse más tribunales especializados, pero esto lo que haría es aumentar la saturación de trabajo. “La respuesta que la Corte está dando me parece bastante acertada”, opinó.

A mediados de enero de 2010 la Sala de lo Constitucional de la CSJ recibió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, que buscaba que se anulara la existencia de la jurisdicción especializada. Los demandantes alegaron que los tribunales especializados y la ley violaban el principio de igualdad y presunción de inocencia. Pero dos años después la sala resolvió que los juzgados siguieran vigentes y solo expulsó de la ley los términos “alarma” y “conmoción social”.

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