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CSJ define tribunal para juicio de caso Rais-Martínez

Corte Plena interviene en negativa de juzgar a exfiscal Luis Martínez junto a vinculados a Rais, y designa a tribunal para sentencia. Juicio será en septiembre de este año.

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1Capturas. En agosto de 2016, la Fiscalía realizó un operativo para capturar a los involucrados en red de corrupción de Rais.

1Capturas. En agosto de 2016, la Fiscalía realizó un operativo para capturar a los involucrados en red de corrupción de Rais.

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Luego de 16 meses de discusiones sobre el juzgado que se haría cargo de enjuiciar a la supuesta red de corrupción llamada Rais-Martínez, que involucra al ex fiscal general Luis Martínez y Enrique Rais, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tuvo que intervenir para designar al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador como encargado de la etapa final del proceso judicial.

Los 15 magistrados que integran la Corte Plena tomaron la decisión el 16 de abril pasado, según una notificación que recibió el Tribunal Tercero de Sentencia. El juicio involucra a Luis Martínez, el ex jefe fiscal Julio Adalberto Arriaza González y los abogados Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Luis Ernesto Peña (fallecido). Hay otros vinculados a la red que no serán enjuiciados aún porque están prófugos, como Enrique Rais desde 2017.

La problemática para juzgar a la red conocida como Rais-Martínez inició en enero de 2019, cuando el Tribunal Primero de Sentencia capitalino se negó a hacer el juicio porque consideró que debía estar a cargo de un juzgado especializado por supuestos indicios de crimen organizado. El caso pasó al Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador.

El juzgado anti crimen organizado aceptó el proceso, pero la defensa de Grimaldi presentó ante la Cámara Especializada de lo Penal, con sede en Santa Tecla, un recurso para revertir esa decisión. En octubre de 2019, la Cámara dio la razón al imputado y concluyó que no hay indicios de crimen organizados en la red, por eso envió la causa a un tribunal ordinario: el Tribunal Tercero de Sentencia.

La Cámara explicó que la causa no podía regresar al Tribunal Primero de Sentencia porque ya había dicho que veía indicios de crimen organizado, lo que podría generar dudas en su imparcialidad. Pero la jueza a quien llegó el proceso lo rechazó, porque no estuvo de acuerdo con ese argumento, en diciembre pasado.

Según la aplicadora de justicia, la red Rais-Martínez debía ser juzgada en el Tribunal Primero de Sentencia, que la tuvo desde el principio. Entonces la Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir para definir que la jueza Tercera de Sentencia enjuicie a la agrupación ligada a Rais.

El tribunal recibió el 29 de abril anterior la notificación por parte de la CSJ para que realice el juicio, que fue programado desde el 1. º hasta el 25 de septiembre de este año. Solo Martínez, Grimaldi y Arriaza van a enfrentar la etapa definitiva, donde se define su culpabilidad o inocencia, porque Peña fue encontrado muerto el 25 de diciembre pasado en su habitación.

La jueza encomendó, en un escrito del 30 de abril, a la Fiscalía que obtenga y presente el documento que compruebe de manera oficial la muerte de Peña. Y agregó que van a gestionar la realización de la audiencia contra Peña lo antes posible, para determinar su situación jurídica.

Todos son acusados de fabricar pruebas contra tres personas, entre ellas Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón, un exabogado de Rais con quien tuvo diferencias. La FGR sostiene que los procesados establecieron una organización de corrupción judicial a favor de Rais entre 2012 y 2015, cuando fue fiscal general Luis Martínez, ahora condenado a cárcel por revelar conversaciones privadas.

Hay abogados, exjueces, exfiscales y familiares de Rais involucrados en la supuesta agrupación, aunque la mayoría va a enfrentar la justicia hasta que sean capturados. Al menos cinco juzgados se han negado a procesar esas causas, por diversos argumentos legales.

Rais tiene otras tres acusaciones: corrupción con el expresidente Mauricio Funes (caso Corruptela), traspaso ilegal de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y una falsa acusación contra dos exsocios canadienses por extorsión relacionada con MIDES.

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