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Corte Suprema desconoce cantidad de condenas por feminicidios

La Unidad de Acceso a la Información del Órgano Judicial catalogó como “inexistente” la cifra de condenados por homicidio y feminicidios en los juzgados especializados del país.
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Corte Suprema desconoce cantidad de condenas por feminicidios

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Las hermanas Katherin Victoria y Patricia Janeth Escobar Aparicio, de 17 y 16 años, respectivamente, desaparecieron el 1.º de junio de 2013 en Puerto El Triunfo, departamento de Usulután. La última vez que las vieron fue cuando caminaban juntas, por la tarde, cerca del parque central del municipio. Cinco días después, un jornalero las encontró muertas, apuñaladas, dentro de un cañal en el cantón Santa Bárbara, también en el departamento de Usulután. Un año más tarde, los investigadores detuvieron a Carlos Antonio Martínez Maravilla, alias “el Tarra”, un cabecilla de la pandilla 18 que tiene su base de operaciones en el municipio de Usulután. Lo señalaron como responsable del doble crimen. Y la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber matado con un arma blanca a las dos adolescentes por su condición de mujeres.

El Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel condenó al “Tarra” el 1.º de febrero de 2016 por el feminicidio agravado de las hermanas Escobar Aparicio. Además, lo encontró culpable de haber asesinado a dos transportistas y de cometer el delito de extorsión; también le sumó el delito de agrupaciones ilícitas. En total, “el Tarra” recibió ese día una pena de 222 años de prisión.

El caso aparece destacado como una breve reseña en la memoria de labores de la Fiscalía General de la República (FGR) de 2016 con el titular: “Cabecilla de organización terrorista condenado a 222 años de prisión por diversos delitos”; sin embargo, la condena del “Tarra” no forma parte de los reportes estadísticos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

LA PRENSA GRÁFICA le solicitó a la Unidad de Acceso a la Información del Órgano Judicial el total de condenados desde enero de 2015 hasta marzo de 2018 por los delitos de homicidio, homicidio agravado, feminicidio y feminicidio agravado, que fueron ventilados en los cinco tribunales especializados del país (tres de San Salvador y dos de las cabeceras departamentales de San Miguel y Santa Ana).

La respuesta oficial de la CSJ fue declarar “inexistente” la información relativa a la petición de LA PRENSA GRÁFICA. La institución se amparó en la resolución de 2016 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con referencia NUE-214-A-2016 (CO), donde establece que una de las causales para dar lugar a la inexistencia de una información es “que nunca haya generado el documento respectivo”.

Juan Pablo Barrera Galdámez, jefe de la Unidad de Sistemas Administrativos de la CSJ, le remitió un memorándum a la oficial de información del Órgano Judicial, Marcela Escobar, donde le notifica que no puede proporcionar las cantidades del total de condenas por feminicidios y homicidios debido a que “se están realizando ajustes al sistema de juzgados especializados de San Salvador”. Agrega que, por lo tanto, “no se cuenta con la información requerida”.

LA PRENSA GRÁFICA también le pidió a la Unidad de Acceso a la Información del Órgano Judicial un informe detallado sobre el municipio donde declararon residir los condenados por homicidio y feminicidio, así como el nivel académico, el motivo del crimen y si el imputado pertenece a algún grupo delincuencial (pandilla, banda, narcotráfico y otros).

Iván Vladimir Montejo, director de planificación institucional de la CSJ, también le envió un documento a la oficial de información del Órgano Judicial donde le confirmó que “no es posible brindar esa información en razón de contener variables de seguimiento procesal no incluidas en los informes únicos de gestión mensual CNJ-CSJ”.

Montejo agregó en el escrito que los libros de entradas de causas penales que los juzgados especializados remiten “no especifican si las personas imputadas/sentenciadas pertenecen a bandas delincuenciales específicas”.

La respuesta de la CSJ ocurre en momentos en que el país está en medio de una declaratoria de emergencias por el incremento de feminicidios y las instituciones del Estado han dicho que deben mejorarse los controles y la atención de los casos para prevenir que las víctimas se sigan multiplicando. LA PRENSA GRÁFICA le pidió una aclaración, vía correo electrónico, sobre la respuesta a la oficial de información. La funcionaria confirmó que “los datos concretos que se ha requerido no son recopilados bajo esas variables de seguimiento... por lo que se decidió aplicar la declaratoria de información inexistente”.

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