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CSJ estancada en análisis de patrimonio de exfuncionarios

Magistrados no tienen claro si deben certificar a la Fiscalía los casos sospechosos de enriquecimiento ilícito, pero que ya prescribieron para remitirlos a un juicio civil.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin poder avanzar en el estudio de casos de exfuncionarios que tienen sospechas de haberse enriquecido ilícitamente durante su gestión.

En los últimos meses, el debate entre los magistrados se ha centrado en cómo proceder en los casos que ya están prescritos, según lo establece el artículo 240 de la Constitución de la República.

Ese artículo obliga a todos los funcionarios a declarar su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual, a través de la Sección de Probidad, investiga la posibilidad de que existan o no indicios de patrimonio sin origen legal. Sin embargo, el texto constitucional establece que "los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse (iniciarse) dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo".

Algunos magistrados consideran que la facultad de Corte Plena de ordenar un juicio civil para los casos prescritos con indicios de enriquecimiento ilícito ya murió y no hay más que hacer, porque así lo determina la Constitución; sin embargo, otros están porque los casos sospechosos se deben certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que decida si procede empujar una causa penal o de extinción de dominio.

El desacuerdo está documentado en el acta 74 del pleno de la CSJ del 8 de septiembre pasado. Según ese documento, el magistrado Sergio Luis Rivera Márquez planteó que en el seno de la Comisión de Probidad de la CSJ ha habido una "discusión sobre las consecuencias derivadas del texto del artículo 240 de la Constitución de la República, con relación a las facultades que tiene este Pleno para analizar los informes remitidos por la Sección de Probidad, con relación a funcionarios a los cuales se les ha investigado para verificar todos los movimientos de patrimonio, luego de haber transcurrido más de diez años del cese en el cargo".

Ruta. El nuevo reglamento de Probidad establece criterios para indagar el enriquecimiento ilícito, pero falta definir qué hacer con casos prescritos.

La respuesta de algunos magistrados a ese planteamiento fue recordar un acuerdo de Corte Plena, tomado en mayo de 2019, sobre notificar a la Fiscalía los casos investigados con sospechas de riqueza no justificada.

El magistrado Rivera Márquez sometió a votación en el pleno, motivado por la coincidencia en la Comisión de Probidad, revocar ese acuerdo. Sin embargo, la petición solo alcanzó seis votos; por lo que no hubo acuerdo.

El magistrado Óscar López Jerez, también miembro de la Comisión de Probidad de la CSJ, dijo que en las últimas sesiones decidieron que la Sección de Probidad realice un análisis jurídico sobre "las facultades que tenemos en el pleno para investigar y certificar a la FGR".

Saturación de casos

En enero de 2014, la Corte Suprema de Justicia le regresó a la Sección de Probidad la facultad de solicitar informes bancarios para comparar la información enviada por los funcionarios.

Para el magistrado López Jerez, se trató de una decisión tardía, pues muchos de los funcionarios de la administración de Francisco Flores quedaron por prescribir y con poco tiempo para que la Sección de Probidad pudiera recabar información.

"Es decepcionante cuántos casos dejaron prescribir. Fue incorrecto devolver a Probidad la facultad casi cinco años después. Eso permitió que muchos casos se murieran por el tiempo", dijo el magistrado López Jerez.

Según la CSJ, hay unos 32,200 funcionarios obligados a presentar su declaración ante Probidad, lo que se convierte en un gran volumen de trabajo.

Durante 2017, hubo un avance en los casos estudiados por el pleno de la Corte Suprema, pero ese trabajo bajó considerablemente a partir de 2018. Y aunque durante 2019 hubo otros casos enviados a juicio, durante este año ha vuelto a estancarse el análisis de nuevos casos. Esto a pesar de que muchos expedientes están por prescribir.

Un informe de Probidad da cuenta que los casos que ya prescribieron suman 137. Además, hay otros 312 que están cerca de hacerlo. De este último total, 19 casos están por vencerse en 2021.

Tags:

  • Probidad
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