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CSJ: funcionarios deben indemnizar con sus propios fondos

Sala de lo Constitucional concluyó que no le corresponde al Estado pagar las indemnizaciones cuando un funcionario es condenado por violar los derechos constitucionales de un ciudadano.
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Un debate prolongadoLa Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió el año pasado el pedido de extradición de Marvin Hernández Pérez, un salvadoreño-americano acusado de violar a su hija. El Departamento de Estado lamenta que no exista un tratado de extradición actualizado. No obstante, no debería ser problema en casos de narcotráfico por firmar tratados internacionales.

Un debate prolongadoLa Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió el año pasado el pedido de extradición de Marvin Hernández Pérez, un salvadoreño-americano acusado de violar a su hija. El Departamento de Estado lamenta que no exista un tratado de extradición actualizado. No obstante, no debería ser problema en casos de narcotráfico por firmar tratados internacionales.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó esta tarde que ha resuelto que los funcionarios públicos, que sean condenados por violaciones constitucionales, deben asumir con su patrimonio personal el pago de las indemnizaciones correspondientes.

La Sala de lo Constitucional estableció así un cambio de jurisprudencia: antes de esta sentencia, el Estado asumía el pago de las indemnizaciones cuando un funcionario era condenado.  Ahora, según lo resuelto por la sala, el Estado solo podrá asumir ese pago cuando se compruebe que el funcionario público no tiene fondos propios para indemnizar a los demandantes.

 La resolución, firmada el 15 de febrero pasado, es la respuesta a un recurso de amparo interpuesto por el apoderado legal del concejo municipal de Sonsonate, quien demandó a la Cámara de la Segunda Sección de Occidente por haber condenado al referido concejo municipal a indemnizar a un exempleado de esa alcaldía.

  La sala amparó al concejo municipal de Sonsonate y revirtió lo ordenado por la Cámara de Occidente, ya que determinó que son los exintegrantes del concejo quienes deben indemnizar al exempleado que los demandó.

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