CSJ notificará a España de arrestos en caso Jesuitas

El acuerdo fue tomado ayer por Corte plena. El tratado bilateral de extradición establece un plazo máximo de 60 días para el trámite.
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Diligencias.  La Sala de lo Constitucional de la CSJ aún tiene pendiente resolver dos hábeas corpus solicitados por los abogados de los militares.

Diligencias. La Sala de lo Constitucional de la CSJ aún tiene pendiente resolver dos hábeas corpus solicitados por los abogados de los militares.

CSJ notificará a España de arrestos en caso Jesuitas

CSJ notificará a España de arrestos en caso Jesuitas

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó ayer notificar oficialmente a España del arresto de cuatro militares salvadoreños acusados ante la Audiencia Nacional de España por el crimen de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en noviembre de 1989.

Con la notificación, se pone en marcha el trámite para que España solicite formalmente la extradición de los cuatro militares que guardan detención, explicaron fuentes de la CSJ. Los arrestados el pasado 5 de febrero, tras darle cumplimiento a una orden de captura de la Policía Internacional (INTERPOL) son: Tomás Zárpate Castillo, José Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides.

Las fuentes añadieron que el tratado bilateral de extradición entre El Salvador y el Reino de España establece un máximo de 60 días para tramitar formalmente una extradición, a partir de la detención de un acusado en cualquiera de los países.

Ello implica que, hasta ayer, habían transcurrido 26 días sin que la Audiencia Nacional de España hubiese sido notificada formalmente de la detención de los militares salvadoreños.

El caso surgió en 2011 cuando acusadores particulares presentaron un caso ante esa sede judicial por delitos de terrorismo y de lesa humanidad. En 2012, la CSJ de ese momento resolvió que los militares no eran extraditables, porque tal acuerdo no estaba vigente entre ambos países en 1989. Además, la CSJ había resuelto que las difusiones rojas de INTERPOL no eran órdenes de captura.

Un cambio de la CSJ en ese criterio, en 2014, habilitó que la Audiencia Nacional de España reiterara la petición de arrestos. La Policía Nacional Civil (PNC), después de un mes de dilaciones, decidió ejecutar las capturas. Sin embargo, todos los militares de alto rango, y que conformaban el Alto Mando cuando ocurrió el crimen, no fueron arrestados.

Las notificaciones y diligencias documentales entre ambos países, explicaron las fuentes, deben seguir el trámite oficial, lo que implica ser tramitadas a través de las cancillerías de El Salvador y España.

Luego de los arrestos, familiares de los militares acusados, así como sus abogados defensores, han efectuado manifestaciones públicas de rechazo al proceso judicial en España y lo han calificado de persecución política, injerencia extranjera, entre otros.

La Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA), centro de estudios al que pertenecían los sacerdotes asesinados, y lugar donde fue perpetrado el crimen, emitió ayer un comunicado con una amplia crítica a tales posturas, así como a la actuación gubernamental.

“La actuación del Gobierno al respecto deja mucho que desear. La PNC no solo cumplió tardíamente la difusión roja, sino que únicamente ha capturado a cuatro militares (tres de ellos de bajo rango y con menos probabilidades de ser extraditados), permitiendo la fuga de 13 exmilitares, entre ellos seis reconocidos exoficiales que nunca se han sentado en el banquillo de los acusados y que son acusados de ser los presuntos autores intelectuales de la masacre”, reseña el comunicado.

Más adelante, la UCA cuestionó que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, haya dado tratamiento político a un caso que es, según el comunicado, eminentemente judicial. La UCA llega a tal conclusión debido a que el funcionario se reunió con representantes de partidos políticos para abordar las detenciones, pero el contenido de dicha reunión no se ha dado a conocer públicamente. En otro de sus apartados, la UCA dirige sus postulados precisamente al discurso manejado por familiares de los militares: “Demasiadas veces se ha escuchado la obscena frase ‘perdón y olvido’. El dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad”, se pronunció.

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