CSJ pospone para el próximo año discusión de desafuero a jueces

Presidente de Corte Suprema de Justicia dijo que deben analizar la petición de la Fiscalía de desaforar a seis jueces para ver si cumple con el debido proceso.
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Foto de LA PRENSA/MELVIN RIVAS Votación.  Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el presidente, participaron ayer en la sesión solemne de la Asamblea Legislativa.

Foto de LA PRENSA/MELVIN RIVAS Votación. Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el presidente, participaron ayer en la sesión solemne de la Asamblea Legislativa.

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El análisis de las solicitudes de desafuero contra seis jueces presentadas la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR) quedó fuera del último debate del año del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Armando Pineda, presidente de la Corte, dijo ayer que el tema no fue incluido en la agenda de Corte Plena de la última sesión de 2017 programada para este día.

“Hay que hacer los análisis correspondientes. Tendrá que analizarse bien el planteamiento que hace la Fiscalía General de la República para ver si todo está dentro de los procedimientos correspondientes”, dijo Pineda, tras participar en la sesión solemne de la Asamblea Legislativa para conmemorar el 34.º aniversario de la Constitución de la República.

“Ayer (martes) se empezaron a conocer las propuestas. Se están haciendo los análisis  correspondientes y todo tendrá que hacerse dentro del debido proceso”. 
Armando Pineda, presidente de la Corte Suprema de Justicia

La Fiscalía pidió a la Corte el desafuero de seis jueces acusados de haber cometido corrupción: el juez Primero de Paz de Metapán, René Danilo Ramírez Montoya; juez Primero de Instrucción de Atiquizaya, Joaquín Francisco Molina Linares; juez Primero de Paz de Santa Ana, Miguel Ángel Barrientos; jueza de Sentencia de La Unión, Rosa Imelda Meza; juez de Sentencia de Usulután, Hugo Noé García; y jueza de Instrucción de San Miguel, Basilia Portillo.

De acuerdo con la acusación fiscal, los jueces Ramírez Montoya y Molina Linares beneficiaron a sus hijos para ganar en procesos penales. La FGR asegura que cuenta con escuchas telefónicas para probar el caso. El juez Barrientos, del Primero de Paz de Santa Ana, está señalado por guiar a abogados en algunos procesos. Ramírez Montoya, Molina Linares y Barrientos están acusados de prevaricato. La legislación salvadoreña establece que este delito ocurre cuando los funcionarios resuelven contrario a lo que la ley dice por razones personales o económicas.

El jefe fiscal de oriente, German Arriaza, solicitó el desafuero para Meza de González, jueza de Sentencia de La Unión, porque hizo un mal procedimiento contra un hombre a quien condenó a 14 años por un delito sexual, pero no ordenó la detención.

La FGR también pidió el desafuero del juez García, porque cambió la calificación del delito a un imputado condenado por homicidio agravado. Y la jueza Portillo está señalada de revelar información personal de un testigo.

Doris Luz Rivas, presidenta de la Sala de lo Penal, coincidió ayer con el magistrado Pineda en que el caso no está en la agenda de hoy. “La información nos llegó bien tarde, estamos imponiéndonos cada uno y ver si existe la posibilidad de iniciar la discusión. Por hoy no está en la agenda”.

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