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CSJ revisará fallo sobre amnistía para decidir extradición

Magistrados coinciden en que fallo de la Sala modificará la discusión sobre extradición a España de los militares involucrados en caso jesuitas. Los demandantes de la inconstitucionalidad sugieren una comisión contra la impunidad para los crímenes de guerra.
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Congelado.  Los magistrados de Corte Plena retiraron de agenda la discusión sobre la petición de extradición de militares requeridos en España por la masacre de los sacerdotes jesuitas.

Congelado. Los magistrados de Corte Plena retiraron de agenda la discusión sobre la petición de extradición de militares requeridos en España por la masacre de los sacerdotes jesuitas.

Detenidos.  Los militares Tomás Zárpate, José Ramiro Ávalos, Ángel Pérez y Guillermo Alfredo Benavides están a la espera de que la CSJ decida si los entregará a España por caso jesuitas.

Detenidos. Los militares Tomás Zárpate, José Ramiro Ávalos, Ángel Pérez y Guillermo Alfredo Benavides están a la espera de que la CSJ decida si los entregará a España por caso jesuitas.

CSJ revisará fallo sobre amnistía para decidir extradición

CSJ revisará fallo sobre amnistía para decidir extradición

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La razón principal por la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía es porque obstaculizaba el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación e indemnización de los daños. Así quedó explicado en la sentencia de la sala difundida ayer, que fue firmada por cuatro magistrados a excepción del magistrado Belarmino Jaime, quien se opuso a la decisión y anexó su voto disidente (ver página 6).

En ese fallo, la sala dejó en claro que los crímenes calificados como de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por la Fuerza Armada y por la guerrilla no han prescrito y por lo tanto están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción. Según el fallo, 32 de esos casos fueron investigados y detallados en el informe de la Comisión de la Verdad. Para esos casos, la sala explicó exhaustivamente que el deber del Estado no termina en la judicialización, sino que se extiende hasta indemnizar a las víctimas.

Los magistrados, según el fallo, también concluyeron que el ex fiscal general, Luis Martínez, tuvo una “idea no acertada” al considerar que la Ley de Amnistía era un resultado directo de la negociación y una condición para la implementación de los Acuerdos de Paz. Los magistrados le aclaran a la Fiscalía que la ley no fue producto de la Firma de los Acuerdos de Paz, sino una medida implementada inmediatamente después del informe de la Comisión de la Verdad.

Por estas y otras conclusiones de la sala es que ayer el pleno de la Corte Suprema, integrado por magistrados de todas las salas, decidió sacar de la agenda la discusión sobre la solicitud de España para extraditar a los militares involucrados en uno de los 32 casos: el de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, así como Elba y Celina Ramos, en noviembre de 1989.

Los magistrados estaban listos, ayer, para resolver definitivamente si aprobaban la extradición o no, pero bajo el argumento de estudiar la sentencia de la sala y analizar en qué medida incide la inconstitucionalidad de la amnistía, en el caso de la masacre de los jesuitas, decidieron suspender la decisión.

“Esa decisión (de extraditar o no) estaba en agenda, pero lo que sucedió ayer (miércoles), sobre la sentencia de la sala acerca de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, hizo que se sacara de agenda y quedara congelada, pero no sé cuándo será abordada nuevamente”, dijo el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.

Otro magistrado que estuvo en la reunión dijo: “La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía prácticamente vino a modificar en alguna medida el panorama de discusión que teníamos”.

Por su parte el magistrado suplente, Eliseo Ortiz, uno de los cuatro que invalidó la Ley de Amnistía, dijo que la inconstitucionalidad aclara el panorama para discutir la extradición: “Lo que hace la sentencia es precisar o esclarecer los parámetros jurídicos para mantener congruencia con la extradición. La sentencia es obligatoria, entonces ya se establecen criterios que la Corte Suprema en Pleno no puede desconocer para resolver el tema”, dijo.

Por su lado, Lisandro Quintanilla, el abogado de los militares reclamados por la justicia española, dijo a este periódico que cree que la decisión sobre la extradición se está dilatando demasiado en Corte Plena y sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía no afecta a los militares involucrados en el caso jesuitas.

“Creería yo que los militares no son afectados con esta sentencia, porque ya fueron juzgados a diferencia de cualquier otro caso”, aseguró Quintanilla.

Benjamín Cuéllar, uno de los que interpuso la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, dijo no estar de acuerdo con la posición de Quintanilla. “Si esos militares no son extraditados, con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía se abre la oportunidad de juzgarlos acá en el país y definitivamente no se puede alegar que ya fueron juzgados porque no es así, lo que pasó en ese juicio es que fueron favorecidos por el sistema de justicia de aquel tiempo”, afirmó.

Cuéllar va más allá y sugiere que, para que la inconstitucionalidad de la ley pueda garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, reparación e indemnización de los daños, el país debe solicitar a la comunidad internacional la creación de una comisión contra la impunidad, similar a la CICIG que funciona en Guatemala.

“Sospecho que el sistema judicial que favorecía a los opresores en el pasado no ha cambiado mucho. Entonces una de las vías que se me ocurre para que los crímenes de lesa humanidad, que quedaron impunes, sean verdaderamente llevados ante la justicia es que tengamos una Comisión contra la impunidad y la corrupción”, declaró Cuéllar.

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