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Cámara pide repetir juicio contra militares por desaparición forzada de jóvenes

Seis militares fueron absueltos por la jueza de Sentencia de Sonsonate, Gilda María Isabel Cañas Hurtado, el 17 de noviembre del 2015. El tribunal de Segunda instancia ordenó que se repita el juicio y que este sea conocido por un nuevo juez del tribunal de Sentencia de Sonsonate.
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La Cámara de lo Penal de la Primera Sección Occidente resolvió el 18 de diciembre pasado repetir el juicio en contra de seis soldados acusados de la desaparición forzada de tres jóvenes y la privación de otros dos en Armenia, Sonsonate, en febrero del 2014.

Los seis militares fueron absueltos por la jueza de Sentencia de Sonsonate, Gilda María Isabel Cañas Hurtado, el 17 de noviembre del 2015. El tribunal de Segunda instancia ordenó que se repita el juicio y que este sea conocido por un nuevo juez del tribunal de Sentencia de Sonsonate.

La apelación presentada por el fiscal, Riklin Rigoberto Juárez Calderón; y la querellante, María Teresa Naves Medrano, fue remitido para valoración de la Cámara por parte de la Sala de lo Penal en octubre del año pasado.

El fiscal del caso alegó en sus argumentos de apelación que la jueza que conoció el caso no uso la sana crítica, pues mezcló las declaraciones de víctimas y juzgados en su valoración. Además, señaló que la jurista obvió la valoración de alguna prueba y que no era cierto lo señalado en la sentencia sobre que no se pidió el resarcimiento del daño por medio de la responsabilidad civil.

“Únicamente son analizadas las disposiciones de los testigos, víctimas-testigos y ofendidos; asó como, las diligencias del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus singlas en inglés); y el oficio número 029 de fecha veintiuno de marzo de dos mil quince, de las cuales no se hace un análisis integral; obviándose realizar la indicación del valor que se le otorga al resto de prueba documental y pericial, pues, en algunos casos únicamente se hace una transcripción”, señaló el fiscal auxiliar.

La querellante señaló únicamente que Cañas Hurtado realzó una valoración de la prueba al margen de los principios legales que deben regir el proceso de interpretación. “Consideramos congruente lo afirmado por el fiscal apelante en su escrito de alzada, al mencionar que la juez sentenciadora dicto una resolución efectuar una valoración integral de la prueba”, resolvió la Cámara.

Los magistrados afirmaron que la jueza se limitó a transcribir la prueba documental en su sentencia, pero no hizo una valoración de la misma. Además, no realizó una “valoración ilógica, coherente e integral de todo el elenco probatorio examinado” pues no realizó, entre otras cosas, “un correcto análisis de lo declarado por las víctimas-testigos del hecho.

La Cámara concluyó así que al no atender las valoraciones de los sobrevivientes, la jueza de Sentencia transcribió la prueba en orden para dar por probado que los jóvenes “no fueron obligados a ir con los elementos militares, que sus personas obedecieron, que nunca fueron golpeados, no fueron amarrados y no fueron encerrados en algún lugar”.

Las víctimas-testigos en el caso son Fredy Mauricio Villalobos Castillo y Mario Alberto Martinez Hernández, quienes, según consta su testimonio en resolución de la Sala de lo Constitucional, en febrero del 2014 fueron obligados por miembros del ejército a caminar por zonas de pandillas.

Cuatro de los jóvenes que caminaban con Villalobos y Martínez fueron presuntamente conducidos por los militares acusados a otro lugar y desde esa fecha se encuentran desaparecidos.

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