Cámara ratifica condena por masacre de sacerdotes jesuitas

Coronel debe cumplir pena de 30 años en prisión. Su defensa dijo que presentará un recurso ante la Sala de lo Penal para anular la sentencia de 1992.
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La a Cámara Primera de lo Penal de San Salvador confirmó ayer la condena de 30 años de prisión que fue impuesta en 1992 al coronel Guillermo Benavides por participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cometido en la UCA en noviembre de 1989.

En el año en que Benavides fue condenado, los abogados presentaron un escrito de apelación ante esta cámara. El coronel pasó detenido únicamente un par de semanas, ya que entró en vigencia la Ley de Amnistía, que automáticamente lo dejó en libertad.

El año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogó la ley de Amnistía argumentando que los crímenes de guerra y aquellos casos señalados por la Comisión de la Verdad deben ser llevados a los tribunales.

Desde el 5 de febrero de 2016, el coronel Benavides estuvo detenido junto con el sargento Tomás Zárpate Castillo y el subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas. Zárpate y Ávalos fueron liberados porque la Corte no aprobó su extradición a España, donde son requeridos por el caso. Sin embargo, Benavides quedó en detención por la condena de 1992.

La semana pasada, Carlos Mauricio Guzmán, abogado del coronel, presentó un escrito ante la cámara para recordarle que debía resolver la apelación que presentaron hace 24 años. Ayer, a la 1 de la tarde, la Cámara Primera de lo Penal notificó a la partes la ratificación de la sentencia.

Guzmán explicó vía telefónica a este rotativo que el argumento central de los magistrados de la cámara es por la derogatoria de la Ley de Amnistía.

“El argumento es porque ya no hay Ley de Amnistía. En la sentencia de la sala casi que ordenó al sistema judicial y administrativo no tener vigente esa disposición”, dijo Guzmán.

El abogado señaló que respeta la decisión de la cámara, pero que a su juicio la sentencias de inconstitucionalidad no pueden tener efecto retroactivo. Además, mencionó que presentarán un recurso de casación (para anular la sentencia) ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema.

El coronel se encuentra detenido en las bartolinas de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

Prófugos

La Audiencia Nacional de España procesa y requiere a 17 militares salvadoreños por participar en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. La PNC, al recibir las difusiones rojas de INTERPOL, giró las órdenes de captura, pero solo detuvo a cuatro, y los altos oficiales requeridos aún continúan prófugos. Según datos de la PNC, a la fecha hay 12 militares prófugos.

En marzo de este año, los familiares de los militares presentaron un escrito a la Sala de lo Constitucional que busca anular la captura y la extradición.

Los militares que continúan prófugos, según la PNC, son Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Óscar Mariano Amaya, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Óscar Alberto León Linares.
 

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