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Cámara rechaza petición de no reconocer a abogados de víctimas de masacre 1981

Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández", explicó que la Cámara de Segunda Instancia de la zona oriental del país señaló en su resolución que "no se le puede negar el acceso a la justicia a las víctimas", porque "nosotros representamos legalmente" a estas personas.
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Cámara rechaza petición de no reconocer a abogados de víctimas de masacre 1981

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Una cámara de Oriente rechazó la petición de la defensa de los militares procesados por el asesinato de unos 1,000 campesinos en 1981, conocida como masacre de El Mozote, de no reconocer a abogados nombrados por los familiares de las víctimas, informó hoy a Acan-Efe uno de los acusadores.

Wilfredo Medrano, abogado y miembro de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández", explicó que la Cámara de Segunda Instancia de la zona oriental del país señaló en su resolución que "no se le puede negar el acceso a la justicia a las víctimas", porque "nosotros representamos legalmente" a estas personas.

"Muchos de los que nos han otorgado poder aparecen en los listados de sobrevivientes" en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de octubre de 2012 y "tienen que ser beneficiados con las reparaciones", añadió Medrano.

Agregó que dicha Cámara también ordenó que los archivos del proceso sean devueltos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, cercano al sitio donde el Ejército perpetró la matanza, para que el juez continúe con el proceso, actualmente en etapa de instrucción.

"Nosotros esperamos que el juez reprograme la recepción de testigos e inicie otra serie de investigaciones", sostuvo el letrado, quien no descartó que la defensa de los militares en retiro continúen con una "estrategia de dilatar el proceso" y acudan a la Corte Suprema con un recurso de casación penal.

A finales de marzo pasado, 18 militares implicados en esta masacre fueron citados por el referido juzgado para ser notificados del proceso penal en su contra por la masacre durante un operativo contrainsurgente en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Entre estos se encuentra parte de la cúpula militar que dirigió el Ejército salvadoreño durante los primeros años de la guerra civil y mandos intermedios del batallón que perpetró la matanza, que también está vinculado con la masacre de 5 jesuitas españoles, uno salvadoreño y dos de sus colaboradoras en 1989.

Uno de los acusados es el exministro de Defensa José Guillermo García, deportado en enero de 2016 por Estados Unidos, donde fue juzgado en 2012 por crímenes de guerra en el conflicto bélico salvadoreño en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del batallón de elite Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.

Durante los 12 años de guerra, en la que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por Estados Unidos, murieron unas 75,000 personas y desaparecieron otras 8,000, según cifras oficiales.

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