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Cancillería aceleró en secreto cese de TLC Taiwán

En el tratado se acordó que después de la denuncia pasarían seis meses para la finalización, pero solo se darán tres. El MINEC recomendó que se apegaran al acuerdo original, pero la decisión final la tomó cancillería.

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Acelerado. El canciller Carlos Castaneda viajó hasta Beijing para validar el cambio de reconocimiento de Gobierno. Ayer, sin embargo, no pudo estar presente en San Salvador, en la Asamblea Legislativa.

Acelerado. El canciller Carlos Castaneda viajó hasta Beijing para validar el cambio de reconocimiento de Gobierno. Ayer, sin embargo, no pudo estar presente en San Salvador, en la Asamblea Legislativa.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, habría cometido una violación al acuerdo original pactado entre El Salvador, la República de China Taiwán y Honduras y que originó el Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones.

En el pacto que firmaron, específicamente en el artículo 18.05, se estableció que, una vez presentada la denuncia, se dejarían correr 180 días, es decir, alrededor de seis meses, para que oficialmente el acuerdo se diera por cesado.

Sin embargo, el Gobierno de El Salvador (GOES), a través de la cancillería, denunció el TLC el 13 de diciembre y colocó el 15 de marzo como la fecha de finalización de esta relación comercial. Es decir, dejará pasar la mitad del período establecido, tres meses.

Lo anterior y otros puntos son las objeciones a la decisión de la cancillería que hacen representantes empresariales y del sector azucarero, y que ayer expusieron ante los diputados de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa.

En la misma reunión estuvo la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, quien aseguró que cuando la cancillería les consultó sobre el proceso a seguir para denunciar el mencionado tratado, recomendaron apegarse a lo que estipula el artículo 18.05.

"El artículo 18.05 está clarito donde dice que hay que notificar a las partes y que son 180 días hábiles. Cancillería debe haber hecho un análisis desde su unidad de cómo tomó la decisión y por qué notificó para el 15 de marzo la decisión", declaró Rodríguez.

La titular explicó a los diputados que la comunicación recibida de parte de la cancillería ha sido escasa y que solicitaron más, pero siguen sin recibir respuestas. "Pedí por escrito que nos explicaran cuál había sido el procedimiento, pues nos lo han dicho nada más verbalmente, no lo tenemos por escrito tampoco nosotros", aseguró la funcionaria.

Para responder este tipo de dudas se esperaba que llegara el canciller, Carlos Castaneda, pero se excusó de asistir porque supuestamente tenía compromisos previos. Se le volvió a convocar para que comparezca el jueves mientras se desarrolla la plenaria.

En tanto, el director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, expuso a los diputados una serie de argumentos en los que se basan para decir que la decisión tomada incluso tiene vicios de inconstitucionalidad.

Entre estos aspectos está que no se consultó a las partes involucradas antes de decidir.

"Aquí hay un vicio bien fuerte de forma en el tema de que no se ha consultado con el sector privado, tan así que la ministra ha dicho que todo ha sido verbal y esto es un buen punto para llevarlo a la Sala de lo Constitucional porque el proceso de consulta con el sector privado y el sector público no ha existido, solo ha habido una manifestación de voluntad, en este caso, de la cancillería", dijo el representante de la ANEP.

No consultar a las partes involucradas y tampoco acudir a la Asamblea Legislativa, de acuerdo con los argumentos presentados por Argueta, es como un desconocimiento desde el Ejecutivo de la existencia de otros. Lo mismo señala con el hecho de que el tratado, según lo que se conoce, se denunció ante el Gobierno de Beijing y no ante Taipéi.

De acuerdo con los argumentos presentados, El Salvador, en una situación como esta, no puede desconocer a Taiwán porque ambos territorios son reconocidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este organismo, además, es el que rige las relaciones que surgen con los TLC.

"Esto quiere decir que ni siquiera por interpretación pudo pensar en desconocer al verdadero legítimo para efectos de denunciar, entonces, no solo no reconoce a la Asamblea Legislativa, sino que, además, se ha hecho una confusión jurídica del sujeto verdadero al que se tuvo que haber denunciado", expresó Argueta en la comisión.

Debido a la terminación del TLC con Taiwán, decisión que surge después del rompimiento de relaciones diplomáticas con ese gobierno y el inicio de unas nuevas con la República Popular China, el sector azucarero nacional dice ser uno de los principales perjudicados. Estuvieron presentes en la comisión y aseguraron que ya se tiene programados embarques durante marzo, abril y julio de más de 57,000 toneladas de azúcar hacia Taiwán.

"Realmente tenemos muchas dudas sobre la legalidad de esa denuncia. Como sector tenemos comprometido para este año alrededor de 57,000 toneladas de azúcar, las cuales estarían con embarques ya programados para el mes de marzo, abril, julio, y estamos hablando de más de $23 millones de azúcar contratada", declaró el presidente de la Asociación de Azucareros, Mario Salaverría.

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