Caos administrativo en la CSJ cuesta $4.3 millones

Auditorías internas de la Corte Suprema de Justicia, realizadas entre 2014 y junio de 2017, evidencian más de 700 irregularidades administrativas en varias oficinas.
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Caos administrativo en la CSJ cuesta  $4.3 millones

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Decenas de informes realizados por el Departamento de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2014 y junio de 2017, establecieron reparos administrativos que rondan los $4.3 millones, según los documentos obtenidos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública (de la CSJ) y revisados por LA PRENSA GRÁFICA.

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Este rotativo consultó los resultados de las auditorías internas realizadas por la Corte en ese período, en el cual los auditores reportaron más de 700 irregularidades. La suma de todos los hallazgos monetizados en todos esos informes da como resultado la cifra de $4.3 millones. Entre los hallazgos más importantes y repetitivos están los malos procedimientos administrativos en contratos; bienes de activo fijo que se perdieron en diferentes oficinas, o mal manejo de la caja chica.

Uno de los hallazgos más recientes y de mayor cuantía señalados es el incumplimiento de los contratos 59/2016 y 60/2016 que sumaban alrededor de $250,000 y que fueron otorgados para “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para motocicletas propiedad del Órgano Judicial”. La auditoría determinó que en las listas de motocicletas se incluyeron algunas que habían sido declaradas inservibles y robadas. Además, los auditores no encontraron informes sobre el número de motocicletas atendidas, identificaron tiempos de duración de las revisiones superiores a los plazos fijados en el contrato y no se reportó una lista de los repuestos sustituidos.

Otro hallazgo que destaca en las auditorías de este año es el reporte de al menos 120 artículos, de diferente tipo, que no han tenido reporte de salida de los almacenes de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones durante varios años (algunos desde 2012) y cuyo valor asciende a $91,545.30. Es decir, 120 artículos en buen estado subutilizados porque nunca los sacaron de bodegas.

Una auditoría de 2015, hecha al Departamento de Informática, también encontró una facturación en exceso por $86,582.52. Los auditores señalaron que en el contrato de telefonía móvil de 2014 se pagaron algunos días de octubre que no estaban pactados con la empresa. Esa oficina también reportó irregularidades un año antes.

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El 2014 es el año en el que se señalaron irregularidades sobre procesos administrativos más onerosos. Ese año los auditores apuntaron sobre actos administrativos u omisiones que pusieron en entredicho más de $3 millones. Entre los señalamientos más importantes de ese año está la pérdida de $221,496.49 en bienes en el Departamento de Informática; expedientes de contratos de ofertantes únicos que sumaron $269,875.00 los cuales no tenían resoluciones razonadas; deficientes informes de cumplimiento de contratos sobre una serie de licitaciones en el Departamento de Informática; además de otros.

La Corte Suprema recibe anualmente el 6 % del Presupuesto General de la Nación. La semana pasada los magistrados acordaron que su presupuesto para 2018 será de $274 millones.

Un titular de la Corte, que prefirió hablar del tema en anonimato, confirmó que una evaluación financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID, en inglés) determinó que existe un grave problema administrativo en la Corte.

“Hay dependencias que ni nosotros alcanzábamos a conocer, jefes que no tenían a quién mandar. Son cosas que tienen que ver con esas auditorías”, comentó el magistrado, y agregó que a raíz de esa evaluación de AID se inició un proceso de reingeniería administrativa, el cual se encuentra en curso.

Según el manual de Auditoría Interna de la CSJ, una auditoría interna puede iniciarse por cuatro razones: cumplimiento del plan operativo anual de la unidad, a solicitud de un titular de la institución, para investigar una denuncia o por requerimiento de organismos cooperantes. Los resultados, por ley, deben ser trasladados a la Corte de Cuentas de la República para que sean incorporados a sus informes.

Bienes en peligro

Una auditoría realizada al Departamento de Contabilidad de la Corte en 2014 señaló que dicha instancia no cotejó los controles contables de los inmuebles con el inventario físico, por lo que en aquel momento se desconocía si los inmuebles registrados realmente existían. “Se corre el riesgo de mantener registros de propiedades inexistentes; reportar inmuebles con valores diferentes al valor de mercado (sobre o subvaluados); así como el desconocimiento si dichos inmuebles están al servicio y en posesión del Órgano Judicial o al servicio y posesión de terceros (usurpados)”, señaló la auditoría.

En el informe se detalla, además, que la oficina de contabilidad realizó un mal procedimiento administrativo al no incorporar en sus reportes erogaciones de reparaciones al costo de construcción de edificios o instalaciones de la Corte, y además colocó en los precios de la infraestructura montos que debieron registrarse como gastos de gestión. Según los auditores, esta anomalía contable “hace que estos (inmuebles) se registren y se tengan considerados a un valor muy por debajo de lo que verdaderamente es el costo acumulado de construcción de los mismos”.
 

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