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Caso Beatriz escala hasta la Corte IDH

Defensores de Beatriz esperan que la Corte le ordene al Estado de El Salvador anular la penalización absoluta del aborto en el país.
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El caso de Beatriz es el segundo en contra del Gobierno de El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por el caso de Manuela fue condenado en noviembre pasado.

El caso de Beatriz es el segundo en contra del Gobierno de El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por el caso de Manuela fue condenado en noviembre pasado.

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Corría abril de 2013 cuando Beatriz, una joven de 22 años originaria de una zona rural de Jiquilisco, solicitó ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo legal para poder interrumpir su embarazo. La razón: un comité médico del Hospital Nacional de Maternidad acordó que era la mejor solución médica, dado su diagnóstico de lupus, agravado con insuficiencia renal y aunado al hecho de que la vida extrauterina del producto en gestación era inviable.

Debido a la denegación de esta petición, el Estado salvadoreño enfrenta desde el 5 de enero de este año una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la segunda demanda contra El Salvador que llega a esta instancia en el marco de la lucha por la despenalización del aborto en el país.

La hija de Beatriz nació tal y como lo habían vaticinado los médicos: anencefálica, es decir, sin cerebro y sin cráneo. Y, como también lo habían vaticinado los médicos, murió pocas horas después de que a Beatriz le fuera practicada una cesárea de emergencia a inicios de junio, mes y medio después de que había acudido a la CSJ.

"No ha sido fácil para la familia el llevar esta lucha", declaró ayer Humberto, el hermano de Beatriz, tras calificar como "un logro" que el caso haya sido escalado hasta la Corte Interamericana. "El Estado debería garantizar los derechos de las mujeres, pero no lo está haciendo. Ya pasó con Beatriz y ha habido muchos más casos, pero que la familia no ha tenido la valentía de decirlo y gritarlo; ella tuvo ese valor. No fue fácil para ella, nosotros lo vivimos con ella y los recuerdos y las heridas están allí", agregó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva casi 10 años litigando este caso. Es la instancia que decide si ha habido o no violación a los derechos humanos y es la única que puede elevar el caso hasta la Corte IDH.

"Si bien celebramos este avance en el caso, que la Comisión haya decidido enviar el caso a la Corte, también esto habla de la poca seriedad del Gobierno salvadoreño en implementar las recomendaciones que ya la Comisión le hizo", manifestó la directora de IPAS, María Antonieta Alcaide.

"La Comisión, efectivamente, presenta el caso ante la Corte el 5 de enero de este año y lo que esperamos es que se dé un paso más para la obtención de justicia a favor Beatriz, en primer lugar; y, en segundo lugar, esperamos que el Estado salvadoreños adopte medidas para evitar lo que le ocurrió a Beatriz", anotó la directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela de León.

La prohibición absoluta del aborto en El Salvador impidió que la joven recibiera la atención que una docena de médicos le había indicado y el retraso en practicarle el procedimiento derivó en daños a la salud, a la vida y a la integridad de Beatriz, por lo que lo que se espera que la Corte IDH falle en contra de El Salvador, emitiendo recomendaciones para modificar la legislación en pro de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.

Ese dictamen, no obstante, podría tardar hasta dos años en llegar, puesto que tras la presentación del caso, ahora es turno de los abogados de la familia de Beatriz, quien murió en 2017 por sus padecimientos, presente sus argumentos contra el Estado y del Estado de presentar su defensa. La presentación de estas pruebas podría estar ocurriendo a finales de este año o principios del otro, para que la sentencia pueda ocurrir a mediados o a finales de 2023.

"La historia de Beatriz puso en evidencia que en este país no hay más alternativa, para garantizar el derecho a la salud reproductiva, que cambiar esta ley que penaliza de forma absoluta el aborto, al menos en aquellos casos donde está en riesgo la salud y la vida de las mujeres", atajó la representante de la Colectiva Feminista, Morena Herrera.

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