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Caso Reyes se originó por la sociedad con un asesor legislativo

A la fecha el exdiputado sigue sin dar respuesta de sus negocios en función pública.
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El expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes contrató el 1.º de abril de 2011 al empresario Byron Enrique Larrazábal Arévalo en el cargo de asesor de la presidencia.

Mientras los dos ejercían la función pública, el asesor y el diputado –empleado y jefe– se asociaron y crearon una empresa llamada Terrenos e Inversiones (TERREIN), S. A. de C. V., dedicada a la construcción y explotación de bienes inmuebles. Con esa empresa, los dos funcionarios públicos se agenciaron tres proyectos residenciales: Eco Residencial Las Violetas, en San Salvador; Villas del Pacífico, en Acajutla, Sonsonate; y la construcción de casas en una zona exclusiva de Nuevo Cuscatlán: Greenside Santa Elena, con lotes que fueron comprados por la empresa de los dos funcionarios públicos a una entidad pública autónoma, el IPSFA, por una cantidad menor al precio “ideal” de los terrenos.

En agosto de 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) conoció de una apelación por la negativa de la Asamblea Legislativa a publicar de manera oficiosa, como lo ordena la Ley de Acceso a la Información Pública, el listado de los asesores, sus salarios, los grupos parlamentarios para los que laboraban y qué funciones específicas cumplía cada uno.

La junta directiva del congreso, encabezada por Reyes, negó la información incluso al mismo IAIP, ya que la ley ordena que en un caso de apelación la información debe estar en resguardo del instituto para evitar alteraciones o extravíos. La negativa valió para los 14 directivos una multa de $666 cada uno que debía proceder de sus salarios.

Cuatro directivos de ARENA pagaron la multa. Los otros 10 rechazaron dar la información y se negaron a pagar la multa ya que aducían afectación a sus propias finanzas.

El IAIP, en todo caso, ordenó que la lista de asesores debe ser pública tal y como lo dice la ley. Fue entonces cuando Reyes emprendió una serie de recursos; primero ante el IAIP y después ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, para mantener oculta la lista.

En octubre de 2013, una publicación de este periódico reveló que en el congreso había 217 asesores laborando y que sus salarios anuales, en total, superaban los $5.2 millones.

En ese mismo mes de 2013, Reyes y Larrazábal Arévalo, aún en función pública, se volvieron a asociar para crear Eko Lime, dedicada a la explotación de recursos maderables. A finales de noviembre de 2013, la sala favoreció las intenciones de Reyes y pudo mantener oculta la lista.

Desde noviembre de 2014, una investigación periodística, en una serie de publicaciones hasta 2015, reveló el caso Reyes.

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