Caso extorsionistas transnacionales en juzgado antimafia

Víctima remesó $5,807 en varias operaciones. Pandillero en granja penitenciaria de Ilobasco hacía las llamadas.
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Los miembros de una banda de extorsionistas transnacionales fueron intimados, ayer por la mañana, en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, o antimafia, luego de que la Fiscalía leyó el documento formal para acusarlos de extorsión agravada tras haber exigido diferentes cantidades de dinero a un salvadoreño residente en Estados Unidos a cambio de no atentar contra la vida de sus parientes en El Salvador.

En este caso, la representación fiscal reunió suficientes elementos probatorios para sustentar la acusación en contra de Irene Josué Amaya Portillo, de 21 años, quien, según el requerimiento, era quien realizaba las llamadas desde la Granja de Rehabilitación de Ilobasco, en Cabañas.

También se acusa a Marlon Óscar Amaya Portillo, de 18 años; Yesenia Elizabeth Amaya Portillo, de 26 años; Juan Antonio Padilla Lemus, de 22; Víctor Manuel Cruz Portillo, de 23; Roxana Yamileth Hernández Mejía, de 21; y Milagro del Carmen Ruiz Castellón, de 41, quienes, según la fiscalía, desempeñaban diversas funciones, entre las que sobresalen recibir las remesas con el dinero producto de la extorsión y la de contactar a los parientes de la persona que era chantajeada.

La jefe de la Unidad Antiextorsiones de la Fiscalía en San Miguel explicó que este tipo de casos difieren de otros que son cometidos por miembros de estructuras delictivas, ya que los extorsionistas conocen o mantienen algún tipo de vínculo con la víctima, por eso están al tanto de sus números telefónicos y otros datos personales de quienes residen en El Salvador y en Estados Unidos.

“El que extorsiona de El Salvador a Estados Unidos tiene que conocer a la víctima, porque es bien difícil obtener un número telefónico de alguien que vive en Estados Unidos, sino es que ese alguien es un conocido o lo obtenga de alguien que lo conozca, porque en realidad cuando se hacen estas llamadas es en el sentido que saben todo sobre la familia”, dijo la jefa fiscal.

Según el documento de acusación, la víctima habría entregado a través de remesas un total de $5,807. Este dinero fue cobrado por algunos de los imputados. Mientras que un pandillero recluido en la Granja de Rehabilitación de Ilobasco (Cabañas) era quien exigía el dinero a través de llamadas telefónicas.

Las entregas iniciaron en octubre de 2015 y se concretaron un total de 23 envíos por montos de entre $50 y $1,000.

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