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Castillo, el policía operario de la tregua de pandillas: FGR

A través de testimonios y documentos, la FGR le da un rol preponderante a miembro de Inteligencia Policial en el desarrollo de la tregua.
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Juan Roberto Castillo Díaz, uno de los policías procesados judicialmente por el caso de la tregua junto a 20 personas más, fue una pieza fundamental en el inicio y sostén de las comunicaciones con los cabecillas de pandillas en el interior de los centros penitenciarios, según el requerimiento que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador.

La tregua entre pandillas inició oficialmente el 8 y 9 de marzo de 2012, con el traslado de 30 cabecillas de pandilla desde el penal de Zacatecoluca (La Paz) hacia otras prisiones de menos restricciones. La semana pasada, la Fiscalía acusó a 21 personas que incluyen tres policías, el mediador de la tregua Raúl Mijango, empleados de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y uno de los extitulares de esa institución, Nelson Rauda, por delitos de actos arbitrarios, introducción de objetos ilícitos a prisiones, entre otros.

A través de diversas entrevistas y documentos, la Fiscalía plantea que Castillo era el intermediario clave para ingresar a los penales, mantener informados a sus superiores y hasta introducir teléfonos en las prisiones.

Castillo reingresó a la Policía Nacional Civil (PNC) poco antes de la operativización de la tregua. El exdirector de esa misma institución, Francisco Salinas, declaró ante fiscales que él designó a Castillo en el Centro de Inteligencia Policial (CIP) y que posteriormente fue enviado en “comisión de servicio” al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), bajo mando de David Munguía Payés.

Según Salinas, el inspector Castillo trabajó en ese período para el CIP y para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

La FGR plantea, con los testimonios del subdirector del CIP y del exdirector del centro penal de Zacatecoluca, que luego de los traslados Castillo era quien “coordinaba” traslados o salidas de miembros de pandilla, ingreso de comidas y aparatos electrónicos. Otros testigos, exempleados de la DGCP, señalan que Castillo ingresaba a las cárceles y no era sometido a revisiones por “órdenes superiores”.

Entre las pruebas que la FGR está ofreciendo hay 17 certificaciones de recibos que el jefe del CIP de la PNC, Óscar Antonio Aguilar, alias Cachorro -también procesado judicialmente-, dio a Castillo, por cantidades de dinero variables.

El dinero provenía, según las certificaciones de los recibos, del Fondo de Operaciones Especiales de la Dirección General de la PNC, entre los meses de mayo de 2012 y noviembre de 2013, que coincide con la salida de Munguía Payés y Salinas de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, quienes no han sido acusados.

Las cantidades por cada recibo son entre los $75 y $300. Otro asesor de Salinas, Luis Alonso Aguilar Marín, también está siendo procesado en el caso.

Salinas y Munguía Payés fueron removidos de sus cargos luego de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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