Más de mil privados de libertad han sido  trasladados en las últimas horas desde el Centro Penal de Apanteos, ubicado en el municipio de Santa Ana, hacia el Centro Penitenciario  La Esperanza, conocido como Mariona, en San Salvador, sin una justificación oficial de las autoridades.

Nuevamente la falta de comunicación entre las autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y familiares de privados de libertad ha generado incertidumbre. Esta vez porque no han informado el motivo del masivo traslado. Grupos que velan por los derechos de los reos aseguran que el traslado también se hizo  desde Mariona hacia Apanteos.

El director de Centros Penales, Osiris Luna, no ha hecho público los traslados, pero si publicó en su cuenta de Twitter sobre la llegada de las primeras computadoras que el Gobierno de El Salvador entregará en los próximos días.

La única respuesta que se proporcionó por parte de custodios del centro penal La Esperanza, consultados por LA PRENSA GRÁFICA, fue que los movimientos sí se han hecho. “Si se están haciendo esos traslados,  pero no tengo la facultad de proporcionar más información”, dijo uno de los custodios que pidió anonimato.

En redes sociales circularon videos en el que se observan a unos internos que abordan unos autobuses y microbuses en Apanteos y luego son enviados a La Esperanza. “ Cada vez que hay traslados los aíslan y quién sabe a qué más estén vulnerados”,dijo  una madre  que tiene a su hijo en un centro penal del país.

La única manera en la que los familiares pueden enterarse si su familiar ha sido trasladado hacia otro centro penal es  a través de los listados que pegan afuera de las penitenciarías.

“Nadie nos ha notificado del traslado. Del centro penal nada, solo porque pegaron las papeletas con el listado afuera del penal y unas compañeras hicieron el favor de mandar la foto”, dijo la compañera de vida de un privado de libertad.

La abogada penalista Marcela Galeas consideró que existe violación hacia los derechos de los internos. “La Ley Penitenciaria establece ciertos derechos, entre ellos mantener relaciones con su familia,  tener asistencia letrada, ser informado de cualquier evento que altere su situación dentro del centro penitenciario y que las decisiones que se apliquen dentro del recinto penitenciario tengan fundamento técnico científico”, explicó.

Señaló que  la DGCP no rinde informes mínimos sobre la población carcelaria y es “sospechoso”que la movilización se de a una semana de las elecciones .

“Me genera sospecha. No han justificado el traslado y menos informaron sobre el mismo. Habría que ver las razones por las cuales fueron movilizados el día de ayer (domingo)”, cuestionó Galeas.