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Cerca de 1,000 casos pendientes por falta de Sala de lo Constitucional

Los 117 días de retraso en la elección de magistrados es el periodo más largo en la historia de la Sala de lo Constitucional, según informe de FUSADES.

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Sin acuerdos. Los diputados aún no llegan a acuerdos para elección de magistrados.

Sin acuerdos. Los diputados aún no llegan a acuerdos para elección de magistrados.

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El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Florentín Meléndez dio a conocer ayer que hasta el pasado miércoles la falta de sala ha llevado a una acumulación de 983 casos pendientes de resolución, entre ellos 183 demandas de inconstitucionalidad y 621 amparos, como parte de la conferencia "La omisión en elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde la perspectiva de los derechos humanos", que fue organizada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES).

Esta cifra después de que hoy se cumplan 117 días de retraso en la elección de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno más para la Sala de lo Civil, con sus respectivos suplentes. El único magistrado nombrado en la Sala de lo Constitucional es Armando Pineda Navas, quien a su vez es presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia.

También durante el evento, la investigadora del Departamento de Estudios Legales (DEL) de FUSADES Liliam Argueta aseguró que el retraso de 117 días (hasta hoy) en la elección de magistrados "es el retraso más largo desde que existe la sala".

Hasta el pasado 9 de agosto eran 70 los casos que estaban pendientes de resolución: seis demandas de inconstitucionalidad, 33 procesos de amparo y 31 habeas corpus. Sin embargo, casi tres meses después el número ha subido exponencialmente.

Ante esto, Meléndez, quien fue uno de los cuatro magistrados que terminaron funciones el pasado 15 de julio, pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa "elegir bien y elegir ya" a los nuevos integrantes.

En su ponencia, Meléndez recordó que la elección de magistrados es un mandato constitucional para los diputados y que su omisión es una violación que afecta sustancialmente los derechos constitucionales de los ciudadanos, así como su derecho de acceso a la justicia constitucional, además de ser un atentado contra el Estado constitucional y democrático.

Como ejemplo de algunos de los casos en los que la sala ha resguardado los derechos humanos en los nueve años anteriores, el exmagistrado recordó el amparo 513-2012 en el que se reivindicó el derecho al agua, además de mencionar que se sentaron las bases para que no fuera la Fiscalía General de la República la que determinara el fin de la búsqueda de justicia para una víctima.

"Esto se vio y se modificó constitucionalmente y se determinó que quien tiene la llave es la víctima en los procesos judiciales", dijo Meléndez.

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