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Cerca de 1,300 personas afectadas por retiros obligatorios

En poco más de un año, la Asamblea ha emitido cuatro decretos para retiros obligatorios en cuatro instituciones públicas, más uno de carácter voluntario. Entre todos, han provocado la cesantía de 1,291 personas.

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Despidos. Asamblea ha aprobado al GOES decretos de retiro obligatorio para cinco instituciones.

Despidos. Asamblea ha aprobado al GOES decretos de retiro obligatorio para cinco instituciones.

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Cerca de 1,291 personas han perdido o elegido dejar su trabajo en el último año, gracias a cinco decretos legislativos para regular retiros obligatorios o voluntarios en cinco instituciones diferentes del Estado; cada uno con condiciones diferentes para formular el pago de indemnizaciones.

Corte Suprema de Justicia (CSJ), Policía Nacional Civil (PNC), Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), y Zoológico nacional son las instituciones para las cuales la Asamblea controlada por Nuevas Ideas ha emitido decretos con compensaciones tras los despidos que el órgano ejecutivo ha dispuesto.

Estos decretos, sin embargo, son cuestionados por abogados especialistas en derecho laboral consultados por LA PRENSA GRÁFICA, y que pidieron no ser citados, ya que fueron elaborados sin tomar en cuenta los procesos de ley vigentes y a cada uno se le aplicaron criterios diferentes para su ejecución.

Luego, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la otra institución a la que se le creó una ley transitoria para reducir el personal, con la única diferencia que en esta institución se le confirió un carácter voluntario, para que quienes quisieran acogerse a la ley pudieran hacerlo.

Entre los cinco decretos suman 1,291 personas. La institución más afectada fue la PNC, en donde se contabiliza el despido obligatorio de 900 personas, hasta hoy, entre agentes y personal administrativo.

Luego, está la CSJ, que sufrió las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que llevaron a la destitución de 216 jueces.

Mientras, en el caso del TSE, 112 personas optaron por aplicar al retiro voluntario, incluyendo el actual diputado Romeo Auerbach (GANA), quien fungía en dicha institución antes de ser elegido y que confirmó haberse acogido al retiro voluntario aprobado por la Asamblea.

Luego, en el caso del FONAES, según la última actualización del portal de transparencia de la institución, hecha en 2021, esta contaba con 28 empleados.

Según la ley de disolución de la institución, el personal pasaría a la Autoridad Salvadoreña del Agua; sin embargo, su presidente, Jorge Castaneda, dijo a la comisión de medio ambiente de la Asamblea que el personal será sometido a evaluación antes de decidir si pasan o no a la ASA.

Finalmente, en el caso del Zoológico, en la plenaria del pasado miércoles se aprobó la ley para la compensación económica de 35 empleados. Para dicho fin, se aprobó también la asignación de $1 millón al ministerio de Cultura.

¿Inconstitucionalidad?

Tras todo lo anterior, y pendientes de conocer otros posibles decretos de retiro obligatorio, abogados especialistas en derecho laboral cuestionaron lo normado por la Asamblea en lo que el Ejecutivo le ha pedido para remover personal en las diferentes instituciones. Inclusive, catalogan que estos decretos podrían tener vicios de inconstitucionalidad.

Según explicaron los juristas, lo primero que debe hacerse a la hora de optar por el despido de empleados públicos es definir si estos se encuentran bajo modalidad de contrato o por ley de salarios. Si es la primera, su finalización está sujeta a cuando el contrato lo estipule y este contiene las cláusula s de su liquidación.

Luego, el otro caso es que la persona esté bajo modalidad de ley de salarios. En este caso lo que debe aplicarse es la Ley de Servicio Civil, la cual estipula un proceso que justifique el despido del empleado.

"La Ley del Servicio Civil establece que cada institución pública debe tener una comisión de servicio civil, que es donde inicialmente se va a entablar su proceso, en caso de que usted sea despedido", explicó uno de los abogados.

Pese a lo anterior, los abogados cuestionaron que ninguno de los decretos de retiro obligatorio ha justificado el porqué de las destituciones que el ejecutivo ha ordenado. Inclusive, en el caso de los jueces de la CSJ, en agosto de 2021; y el de personal de la PNC, en mayo de 2021, el único criterio ha sido la edad: despedidos por ser mayores de 60 años.

En ese sentido, otro experto en derecho laboral comparó que, debido a eso, el decreto de retiro de la PNC ha sido catalogado por agentes de "excluyente", mientras el de la CSJ fue calificado por jueces como "discriminativo".

"Si tuviéramos una Sala de lo Constitucional que no fuera impuesta, todos estos trabajadores se pudieran amparar por despido injustificado, y cualquier ciudadano podría presentar una demanda en contra de estos decretos", agregó.

Así, ambos abogados coincidieron en que el problema radica en que la Asamblea, por orden del Ejecutivo, ha creado decretos específicos para despedir en cada institución, cuando lo correcto era seguir los procesos de la Ley del Servicio Civil, por largos que fueran estos.

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