Cobertura, la gran deuda de la reforma de pensiones

La informalidad del mercado laboral y los bajos salarios impiden que la mayoría de la población pueda ahorrar para tener una pensión digna al jubilarse.

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Foto cortesía Pendiente  Conseguir que más salvadoreños tengan un plan de ahorro para su vejez es uno de los retos que continúan pendientes.

Foto cortesía Pendiente Conseguir que más salvadoreños tengan un plan de ahorro para su vejez es uno de los retos que continúan pendientes.

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Actualmente, solo uno de cada seis adultos mayores reciben una pensión, y, con las condiciones actuales, en el futuro será solo uno de cada 12. La baja cobertura es uno de los grandes problemas del sistema de pensiones salvadoreño, y, según analistas, uno de los aspectos que se dejó fuera de la reforma previsional aprobada esta semana.

La reforma de pensiones en términos prácticos

De los 4 millones de salvadoreños en edad de trabajar, solo la mitad está afiliada a alguna AFP, y quienes cotizan son apenas poco más de 600,000. Además, de estos 600,000 que están ahorrando, solo la mitad logrará cumplir los requisitos para pensionarse. “Los bajos salarios tienen mucho que ver. Si la mayoría de la población gana $700 al mes, ¿cómo van a tener posibilidad de aspirar a una pensión digna?”, se preguntó Rommel Rodríguez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

Como la reforma que se aprobó al final combinó elementos de varias que estaban en poder de los diputados, aún está pendiente el análisis del alcance que tendrá. “Hemos estado revisando números y hay muchas cosas en la ley que es necesario comprender mejor, sobre todo el papel de la Cuenta de Garantía Solidaria y su sostenibilidad en el tiempo”, dijo Rodríguez. “La ley dice que lo van a estar revisando; puede estar deficitaria, pero los acuerdos políticos cada tres años para inculcarle flujos puede ser algo difícil”.

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Agregó que, en líneas generales, ven que fue un acuerdo político el consenso que alcanzaron las partes, pero que no es el mejor acuerdo económico.

“Las otras dimensiones quedan pendientes, como la cobertura, la suficiencia y la equidad. Con la Cuenta de Garantía Solidaria se van a generar redistribuciones entre los pensionados que no siempre serán en beneficio de quienes harán el mayor aporte”, comentó.

Además, aún no se han dilucidado los impactos fiscales. La reforma plantea la creación de una Cuenta de Garantía Solidaria para mantener las pensiones de los trabajadores una vez se termine su ahorro, pero también de esta se pagarán las pensiones mínimas, y las del ISSS, INPEP e IPSFA.

Además, aumenta el aporte de los trabajadores, que pasa del 6.25 % de su salario al 7.25%, mientras que el aporte patronal pasa del 6.75 % al 7.75 %.

Por su parte, María Elena Rivera, especialista de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), dijo que no se trata de una reforma integral. “Se dejan fuera importantes aspectos como la cobertura, la competencia, el fortalecimiento institucional de las entidades rectoras y supervisoras del sistema y también la educación previsional”, afirmó. “Este último es muy importante ante la implementación de medidas que requieren mayor participación y decisión de los cotizantes como los multifondos”.

Señaló que no se pueden seguir achacando al mercado laboral los problemas de cobertura, y que debe fortalecerse la pensión no contributiva para los más pobres, así como establecer esquemas para el sector informal. “Un sistema de pensiones con solo el 25 % de la Población Económicamente Activa (PEA) cubierta y ante un inminente proceso de envejecimiento poblacional no es sostenible socialmente”, apuntó.

También consideró un retroceso que en la reforma no se tomaran medidas para mejorar la competencia en la administración de los fondos de pensión.

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