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Comienza proceso para cerrar el penal

Penitenciaría alberga a más de 600 reos. También hay peticiones para clausurar los de Ilobasco y San Miguel.
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Fase de instrucción. El agente policial deberá continuar en prisión hasta que el caso sea conocido por el Juzgado de Primera Instancia de Atiquizaya.

Fase de instrucción. El agente policial deberá continuar en prisión hasta que el caso sea conocido por el Juzgado de Primera Instancia de Atiquizaya.

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El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que gestiona el cierre del centro penal de Sonsonate, luego de que el alcalde de esa localidad, Roberto Aquino, se lo pidió en febrero de este año. Ramírez anunció el inicio del proceso el miércoles anterior, durante la inauguración de la granja escuela en el nuevo complejo penitenciario de Izalco.

De acuerdo con Ramírez, hace unos días recibió una carta del alcalde Aquino donde le expuso el porqué la población pide que se cierre el centro penal de la cabecera departamental, ubicado en la 6.ª avenida sur del barrio El Ángel, a la par de dos escuelas

“Tenemos la petición del alcalde municipal de quitar el centro penitenciario de Sonsonate, también tenemos otras peticiones de las autoridades de Ilobasco y San Miguel, entre otros”, dijo el ministro.

Apuntó que la nueva reforma penitenciaria implica tener mejor infraestructura que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad para los internos y evitar problemas a la población. 

“Definitivamente a eso vamos. La reforma penitenciaria implica, entre otros aspectos, contar con una infraestructura moderna y con las características de un centro penal de Izalco”, apuntó.

De acuerdo con el funcionario, los centros penales deben estar fuera de las áreas urbanas, sin afectar la vida de los habitantes.

Sin embargo, agregó que cerrar los penales es un proceso gradual, pero que a mediano y largo plazo se irá logrando.

Recordó que algunas penitenciarías, como la de Cojutepeque, Suchitoto y Berlín, que estaban en el centro de las ciudades, ya fueron clausurados y que las instalaciones han pasado a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), para proyectos de construcción.

El alcalde Roberto Aquino se mostró satisfecho por la aceptación que tuvo su petición y espera que las autoridades de Seguridad puedan clausurar en el menor tiempo el penal de la cabecera.

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