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Comisión 5 magistrados supervisará Probidad

Pleno de la Corte Suprema acordó reforzar trabajo de comisión. Pretenden conocer más casos y darles celeridad. Magistrado culpó a magistrados salientes de entorpecer trabajo de Corte Plena y Probidad.
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Fortalecer.  CSJ reforzó la comisión que vigila el funcionamiento de la Sección de Probidad. Se integran tres magistrados a los dos que habían sido delegados.

Fortalecer. CSJ reforzó la comisión que vigila el funcionamiento de la Sección de Probidad. Se integran tres magistrados a los dos que habían sido delegados.

Demanda.  Grupo Gestor de la Ley de Probidad llevó a la CSJ una demanda de inconstitucionalidad. Afirman que se anula el artículo 240 de la Constitución de la República.

Demanda. Grupo Gestor de la Ley de Probidad llevó a la CSJ una demanda de inconstitucionalidad. Afirman que se anula el artículo 240 de la Constitución de la República.

Belarmino Jaime.  Magistrado de la Sala de lo Constitucional.

Belarmino Jaime. Magistrado de la Sala de lo Constitucional.

Sidney Blanco.  Magistrado de la Sala de lo Constitucional.

Sidney Blanco. Magistrado de la Sala de lo Constitucional.

Sergio Luis Rivera.  Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sergio Luis Rivera. Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Dafne Sánchez.  Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Dafne Sánchez. Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Leonardo Ramírez Murcia.  Magistrado de la Sala de lo Penal.

Leonardo Ramírez Murcia. Magistrado de la Sala de lo Penal.

Comisión 5 magistrados supervisará Probidad

Comisión 5 magistrados supervisará Probidad

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó, en la reunión del pasado jueves, reforzar la comisión delegada para vigilar el funcionamiento de la Sección de Probidad. Tres nuevos magistrados fueron delegados para sumarse al trabajo que otros dos venían haciendo en la investigación de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios.

La comisión estaba integrada por dos magistrados que fueron designados por el presidente de la Corte: Sidney Blanco y Belarmino Jaime. A ellos se les sumarán Dafne Sánchez y Sergio Luis Rivera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo; y Leonardo Ramírez Murcia, de la Sala de lo Penal.

El magistrado Jaime explicó ayer que con la medida buscan agilizar los procesos pendientes de discusión. Por ejemplo, dijo, el próximo mes se vence el plazo para entregar la información sobre las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes de la República y, por ello, se está acelerando dicho proceso.

Jaime dijo que actualmente tienen 17 casos de estudio, pero afirmó que van a salir nuevos. La comisión, por lo tanto, conocerá sobre dichos procesos, exceptuando los dos que ya fueron enviados a la Cámara Segunda de lo Civil: el del diputado del PCN Reynaldo Cardoza y del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Leonel Flores.

El magistrado Rodolfo González afirmó, por su parte, que esos 17 estaban desde septiembre del año pasado y que a la fecha existen alrededor de 30 casos de funcionarios que están siendo investigados.

“El argumento que se tenía en 2005 que el jefe de Probidad actuaba de forma espontánea, se cae, porque se actuó, en los últimos meses bajo la supervisión de dos magistrados delegados por el presidente y ahora tres magistrados más”, comentó González, durante la entrevista televisiva “Frente a frente”.

El magistrado González confirmó, además, que la nueva Ley de Probidad, de llegar a entrar en vigor a partir de la segunda quincena de enero, eliminaría los juicios de enriquecimiento ilícito, la figura con la cual había venido trabajando la Sección de Probidad ante inconsistencias en las declaraciones de patrimonio.

Lo anterior puede cambiar si la Sala de lo Constitucional decide admitir las dos demandas presentadas ante dicho tribunal contra la nueva ley, lo que podría suspender la entrada en vigor de la ley y Probidad continuaría siguiendo el proceso como lo hizo en el último trimestre de 2015 (lea nota secundaria).

La ley derogada establece que se cumple el delito “cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente”.

Señalamientos

Por otra parte, el magistrado González reconoció ayer que existe una mora en las resoluciones de Corte y responsabilizó a los magistrados salientes, los que finalizaron su gestión en junio de 2015, de entorpecer el trabajo de los demás magistrados.

“Lo sufrimos por seis años, colegas que no solo manifestaban diferencias de opinión, de criterio jurídico, que eso es entendible, sino que percibíamos la sensación de claramente intentar obstaculizar nuestro trabajo, es decir, ni trabajaba en las otras salas o Corte Plena y, bueno, tampoco permitirnos que trabajáramos como sala”, señaló el magistrado.

González se refirió puntualmente a la falta de resultados por casos de enriquecimiento ilícito: “Nosotros tenemos la impresión que, bueno, si no, cualquiera puede preguntarse por qué Probidad no empezó a funcionar sino hasta esta renovación de la Corte, por ejemplo, por qué no, por qué no funcionaba”, comentó el funcionario.

Rosa María Fortín, una de las exmagistradas que finalizó su período el año pasado, reaccionó ante las declaraciones del magistrado de lo Constitucional. Dijo que considera injusto que se responsabilice a los magistrados salientes sobre la falta de resultados y análisis de casos de enriquecimiento ilícito, porque es el presidente quien agenda esos casos.

“Yo, Rosa María Fortín, no asumo la responsabilidad porque nunca lo sometieron a votación, nunca nos presentaron un proyecto de los casos en Corte Plena”, declaró.

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