Comisión de seguridad respalda declarar Estado de Excepción en El Salvador

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, advirtió que, "si no se toman las medidas adecuadas", los estados de excepción vulneran los derechos humanos.
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La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, conformada por diputados de ARENA, FMLN, GANA y PCN, expresó hoy su total apoyo para establecer en El Salvador un Estado de Excepción, una medida que el Órgano Ejecutivo propuso estudiar y, para lo cual, se convocó ayer una reunión entre el presidente Salvador Sánchez Cerén, el fiscal general, Douglas Meléndez; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas.

El presidente de la comisión, José Antonio Almendáriz, diputado del PCN, dijo a Cerén que respaldarán la propuesta y pidió que el mandatario se reúna con la comisión.

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Dichas declaraciones fueron dadas luego que la comisión estudiara un proyecto de decreto para declarar Estado de Excepción, el cual fue presentado por Guillermo Gallegos en julio de 2014. Dicho decreto contemplaba instaurar el Estado de Excepción solamente en los “lugares indicados de alta incidencia delincuencial, en virtud de la grave perturbación del órden público”. Una propuesta similar tambien había sido presentada por Gallegos en febrero de 2012.



La propuesta está basada en el artículo 29 de la constitución, en el cual se establece que "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del órden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspención podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, y se hará por medio del decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso".



El presidente de la CSJ explicó que es viable la autorización de un régimen de excepción, porque la Constitución lo habilita; sin embargo, advirtió que, "si no se toman las medidas adecuadas", los estados de excepción vulneran los derechos humanos.

La presidenta de la Asamblea Legislativa explicó esta mañana que, entre las medidas que conlleva un Estado de Excepción, se encuentra la pérdida del derecho a reunirse y se pueden intervenir correos, teléfonos y redes sociales como Facebook. También hacer capturas y allanamientos sin órdenes judiciales previas.

"Estaríamos de acuerdo siempre y cuando esté dentro del marco de lo que la Constitución señala", dijo Pineda.

Por su parte, el secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, dijo que se encuentran discutiendo una mayor cooperación entre los tres órganos del Estado y que la agenda de discusiones se encuentra abierta.

Ayer, Cerén dijo que buscan medidas extraordinarias, luego que la escalada de violencia en El Salvador llegó a niveles de la masacre cometida la semana pasada contra once trabajadores en San Juan Opico.

Chicas dijo hoy que hay que reconocer que "los hechos reconocidos la semana pasada son excepcionales" y por tanto, hay que tomar medidas de igual categoría. "Queremos recuperar territorios", expresó.


 
 

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