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¿Cómo la destitución del fiscal general y Sala de lo Constitucional dejan al pueblo "totalmente desprotegido ante el poder", según organizaciones?

"Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo", decía el presidente Nayib Bukele en febrero del 2020, mientras mantenía militarizada la Asamblea Legislativa por la aprobación de un préstamo. Poco más de un año después, las organizaciones advierten que lo ha logrado y exponen los peligros de lo que esto significa para cualquier ciudadano. Mientras, la comunidad internacional, se mantiene alerta y ha expresado preocupación por los recientes eventos.

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El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, juramenta a miembros de la nueva Junta Directiva, hoy en el Salón Azul del parlamento en San Salvador (El Salvador). La primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Suecy Callejas, pidió esta sábado la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa fue admitida para su votación con dispensa de trámite con 64 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, todos del oficialismo. EFE/Rodrigo Sura

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, juramenta a miembros de la nueva Junta Directiva, hoy en el Salón Azul del parlamento en San Salvador (El Salvador). La primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Suecy Callejas, pidió esta sábado la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa fue admitida para su votación con dispensa de trámite con 64 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, todos del oficialismo. EFE/Rodrigo Sura

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Representantes de 54 organizaciones sociales hicieron este lunes un llamado urgente a reestablecer el orden democrático en El Salvador, luego que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó en su primera sesión del 1 de mayo a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general Raúl Melara con quienes el Ejecutivo mantenía desacuerdos.

"Hay gente que piensa que esto que ha pasado no le va a afectar directamente", manifestaron, "la labor ahorita es de educación a las grandes masas que están emborrachadas por el triunfo avasallador en las que el poder queda en manos de una persona", dijeron.

"Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo", decía el presidente Nayib Bukele en febrero del 2020, mientras mantenía militarizada la Asamblea Legislativa por la aprobación de un préstamo.

Poco más de un año después, las organizaciones advierten que lo ha logrado y exponen los peligros de lo que esto significa. Mientras, la comunidad internacional, se mantiene alerta y ha expresado preocupación por los recientes eventos.

¿Cómo los nombramientos afectan a los ciudadanos?

Cuando un ciudadano es víctima de una violación de derechos por parte de una entidad de Gobierno, por ejemplo la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), debe recurrir a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), recordaron las organizaciones, como ejemplo.

Al no existir una separación de poderes entre los poderes Ejecutivo y Judicial, "no vamos a tener ningún eco en la Fiscalía, porque si tenemos que denunciar a la PNC o la FAES, porque ha violado Derechos Humanos, no van a aceptar esa demanda, quedamos totalmente desprotegidos", explicaron.

En el mismo sentido, "si a una persona la detienen por distintas opiniones políticas, por criticar las acciones de la Asamblea y del Gobierno, la persona puede presentar un habeas corpus en la Sala de lo Constitucional"; sin embargo, "con esa Sala, no va a aceptar habeas corpus" y "esa persona queda a merced de aquellos que están violando sus Derechos Humanos".

Las violaciones a los derechos ciudadanos por parte de las fuerzas de Seguridad es algo recurrente en El Salvador y las solicitudes de habeas corpus ante la Sala se incrementaron durante la emergencia por la pandemia, debido a cientos de detenciones arbitrarias. 

Parte de estos casos fueron el de un hábeas corpus presentado por una niña de diez años en favor de su madre, otro de una mujer con 36 semanas de embarazo detenida al pasar consulta en el hospital de maternidad y confinada sin explicaciones a pesar de tener cuatro pruebas negativas de covid-19, el de tres mujeres detenidas mientras compraban alimentos y medicinas un día después de la noche en que Nayib Bukele anunció confinamiento nacional, entre otros.

Durante la cuarentena declarada ilegal posteriormente, en la que Bukele dio luz verde a las fuerzas de Seguridad para "doblar muñecas" a los ciudadanos, un policía disparó contra un hombre en un retén en San Julián (Sonsonate) y luego la PNC dijo que el ciudadano herido no se declaraba "ofendido". 

Las organizaciones compararon la situación como lo que sucedía en la década de los ochenta, cuando un partido dominaba todo el poder y "los Derechos Humanos no progresaban en nada".
Recordaron el inicio de la dictadura en Nicaragua, donde "no hubo protestas cuando ocurrió" y cuando finalmente el pueblo se levantó en manifestaciones "hubo una respuesta brutal" de parte del Gobierno con "miles de heridos y cientos de personas detenidas, algunas de las cuales tienen condenas de bastantes años simplemente por protestar". 

"Eso es lo que puede pasar en El Salvador... cuando se elimina el control de un poder a otro y todo de pende de una sola persona, el presidente puede hacer lo que quiera y no va a permitir que se den este tipo de protestas públicas", expusieron.

De hecho, el derecho a la insurrección del pueblo para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución" es parte de lo que se quiere eliminar en la nueva Constitución impulsada por el Gobierno de Bukele.

"De esta manera es que nos afecta a la población. Podemos perder la libertad de expresión, de asociación, de libertades expresadas en la Constitución, ¿y quién nos va a defender? si quienes defienden el cumplimiento de la Constitución son fruto de una violación", dijeron, refiriéndose a los nuevos magistrados de la Sala. "Igual el fiscal general, es un nombramiento ilegítimo", reiteraron.

"El pueblo está totalmente desprotegido ante el poder y puede cometerse cualquier tipo de abuso", señalaron.

Por otra parte, resaltaron que las cartas de renuncia de los funcionarios destituidos dejan ver "amenazas" en "el trasfondo" que "nos debe poner los pelos de punta".

"Una de las armas que está usando el Gobierno es meter miedo. En la elección de magistrados, muchos no van a querer aceptar esos cargos, solo su personal", manifestaron.

Crisis económica

Las organizaciones prevén que la crisis política actual traerá consigo una crisis económica como consecuencia.

"Muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los efectos económicos. La Crisis democrática se traduce en crisis económica y se puede provocar el aumento de bienes y servicios, el aumento del desempleo", dijeron.

A manera de ejemplo inmediato, mencionaron la caida de los bonos en los mercados internacionales luego de lo ocurrido el fin de semana. "Esto debería alertar a la ciudadanía", consideraron.

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