Comunidad se arma contra pandilla

Un grupo de excombatientes se organizó contra una clica de 90 pandilleros que tenía paralizada a la comunidad. Ahora pide ser reconocido legalmente para poder ampliar su experiencia de la mano de las autoridades de seguridad.
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La comunidad recibe a los visitantes con un versículo bíblico: “Lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar” . Está inscrito con letras blancas en un rótulo verde, de aproximadamente un metro de largo, en la entrada de un caserío de San Nicolás Lempa, en Tecoluca, San Vicente. Ese versículo es el régimen para un grupo de excombatientes que decidió armarse y tomar el control de su territorio para, a su manera, combatir el miedo que la pandilla sembró en la zona.

Lo que viene a continuación es la historia de un grupo que se ha organizado para patrullar en el Bajo Lempa, una organización comunal de cerca de 58 personas que, además de patrullajes conjuntos, consiguió un proyecto de reforestación con la policía.

Los habitantes solo recuerdan que un día, hace aproximadamente tres años, hombres tatuados se apoderaron de una casa abandonada en un caserío de San Nicolás Lempa, y desde ahí vieron la posibilidad de extenderse hacia otro caserío que se volvió un bastión del Barrio 18.

“Acá se volvió un lugar donde traían a todos los prófugos a esconderlos, porque acá no entraba nadie... pero los derechos humanos han cedido un poquito, nos han dado chance de trabajar”, comenta, en el anonimato, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de la zona.

La clica Shadow Park Locos Revolucionarios llegó a tener hasta 90 miembros que impregnaron miedo a los campesinos. La comunidad estaba paralizada. Los pandilleros no permitían que cualquier institución de Estado ingresara, prohibieron los cultos religiosos y las celebraciones, según los reportes policiales. En la memoria de los habitantes hay otras prohibiciones: “A mí una vez me quisieron pegar porque no saludé a uno”. “A mí me pedían ‘renta’, pero no podía dar porque a penas saco para mi familia”. “A mí me mandaban a pedir con amenazas para el guaro”.

El miedo y la impotencia llegaron a su límite a mediados de 2015, cuando los pandilleros asesinaron al líder de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de un caserío y a su hija, quien era pareja de uno de los pandilleros. Un pequeño grupo de excombatientes se reunió la noche del doble asesinato. En aquel momento sabían que no podían contar con la policía porque, según recordaron, los agentes estaban aterrados. Entonces consideraron que tenían dos caminos: o huían, como algunas personas ya lo habían hecho, o desenterraban las armas.

“¿Usted cree que es justo que los que nacieron en la posguerra, vengan y le quieran quitar a nuestros hijos la paz por la que luchamos?”, dice uno de los líderes armados de la zona para intentar justificar su organización. “Acá o nos mataban o los matábamos nosotros”, lo secunda otro poblador.

Piden legalización

Los excombatientes desenterraron tres armas que datan del conflicto armado. Decidieron empezar a patrullar durante las noches en grupos de hasta ocho personas, y empezar a confiar en las autoridades. “Estamos claros que este trabajo que hacemos es de la policía, pero lo hacemos porque acá están nuestros hijos... Si ahora vienen esos de la Fiscalía, la idea es que nos van a llevar a todos”, dice uno de los nuevos patrulleros.

Los habitantes piden al Estado que les permita legalizar el grupo armado que conformaron, para no mantenerse en la clandestinidad y para conseguir más armamento y equipo. Los pobladores que se han organizado creen que no tienen por qué esconderse.

“Si la fiscalía diera autorización de que la gente pudiera organizarse, otra cosa sería, así como estamos acá. Si los bichos andan en el monte y necesitan a la comunidad”, afirmó un combatiente.

Los habitantes hablan sin problema de los resultados de sus actividades, pero son más cautelosos a la hora de contar los detalles de sus operaciones conjuntas con los agentes de la PNC y el Ejército. Lo único que comparten es que tienen un sistema de contraseñas con los cuerpos de seguridad para realizar operaciones conjuntas, y que en estas han fallecido pandilleros. En el puesto policial de la zona hay un subinspector al que la comunidad considera un aliado porque en algún momento los asesoró. Según datos del puesto policial, en la zona dejó de operar un ranflero, 33 sicarios, seis pandilleros de apoyo logístico y 47 colaboradores de la pandilla. En los caseríos nadie sabe cuántos de ellos están en prisión o cuántos fueron abatidos. Es un detalle que prefieren obviar, aunque en ese grupo había hijos de algunos pobladores.

El alcalde de Tecoluca, Alfredo Hernández, no cataloga lo que está ocurriendo en San Nicolás Lempa como un grupo de autodefensa civil, sino como un esfuerzo de coordinación entre las comunidades con las autoridades. “Entiendo que en el lugar fue instalado un grupo de tarea conjunta, Fuerza Armada y PNC, que en coordinación con las comunidades están trabajando por la seguridad y prevención de la violencia. La organización es un bastión de Tecoluca, y aunque (esos caseríos) no pertenecen a nuestro territorio, ellos la tienen; y si los esfuerzos de protección social son legales y en acuerdo con la autoridad, nos parece bien”, comentó el alcalde, al tiempo que aclaró que atienden esas comunidades, pero que son territorio de la cabecera departamental.

Hay un rótulo más con otra advertencia de la directiva de uno de los caseríos: “Que cuando tengan visitas de familiares o amigos de otro cantón o municipio, deberán informar a la directiva para evitar confusiones. Gracias”.
 

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