Lo más visto

Más de El Salvador

Comunidad solicita revertir desalojo

La CSJ ya negó un amparo para que familias continúen viviendo en terrenos que, según ellas, no tienen dueño.
Enlace copiado
Comunidad solicita revertir desalojo

Comunidad solicita revertir desalojo

Enlace copiado
Cerca de 100 habitantes de la comunidad 10 de Mayo, ubicada contiguo al cementerio municipal de Ahuachapán, protestaron ayer frente a las instalaciones de los juzgados de la cabecera departamental debido a una orden de desalojo emitida por el Tribunal Primero de Paz y reconfirmada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De acuerdo con los protestantes, son cerca de 150 familias de extrema pobreza las que habitan en unos terrenos del cantón Llano Largo y ahora han pasado a vivir en la zozobra por el desalojo ordenado, que podría ejecutarse en cualquier momento.

Carmen García, coordinadora de la comunidad, manifestó que fue el 2 de junio de este año cuando recibieron la notificación de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Occidente, indicando que la CSJ había negado un amparo solicitado para que no fueran desalojados de los terrenos que ocupan actualmente.

“Tenemos miedo de que nos lleguen a sacar de los terrenos donde hemos vivido gran parte de nuestra vida”, comentó la coordinadora de la comunidad, quien añadió que son más de 560 personas de diferentes edades las que habitan en 15 manzanas de tierra.

William Adalberto Sigüenza García, otro miembro de la comunidad, solicitó que a pesar de que ya existe una orden judicial para que los habitantes de la comunidad dejen los terrenos, esta no se haga efectiva. “Queremos pedir en nombre de todos los habitantes de la comunidad 10 de Mayo al Juzgado Primero de Paz, a la Cámara Tercera Sección de Occidente y al propietario que dice ser del inmueble que por favor no haga el desalojo de dicha comunidad”, afirmó.

De acuerdo con Sigüenza García, se han presentado como parte del proceso dos supuestos dueños de los terrenos que ocupan: Elías Aristondo Magaña y Arturo Aristondo Magaña, pero añadió que cuando la comunidad fue fundada, en 2010, no había ningún tipo de dato en el Centro Nacional de Registros (CNR), pero que meses después comenzaron los hostigamientos por parte de los supuestos propietarios.

“Queremos que esta persona que dice ser la propietaria se presente para que podamos negociar o llegar a un término”, dijo.

Los protestantes explicaron que no descartan realizar otro tipo de acciones legales en un intento por cambiar la decisión de la CSJ.

En la comunidad residen solamente personas de Ahuachapán que años atrás se quedaron sin vivienda debido a que no podían cancelar las cuotas de un alquiler o siempre han vivido en pobreza.

Tags:

Lee también

Comentarios