Lo más visto

Con reforma a Ley de Lavado Gobierno busca que la Policía controle las transacciones de dinero

Quiere que entidades le envíen reportes de movimientos comerciales de personas o empresas que por hoy conoce la FGR. Advierten que datos confidenciales deben resguardarse.

Enlace copiado
Presentación de reforma. El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, junto a miembros del Gabinete de Seguridad entregaron la propuesta a diputados del FMLN, GANA y PCN para su estudio.

Presentación de reforma. El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, junto a miembros del Gabinete de Seguridad entregaron la propuesta a diputados del FMLN, GANA y PCN para su estudio.

Enlace copiado

Permitir que la Policía Nacional Civil (PNC) a través de una nueva división tenga oportunamente todos los reportes de movimientos de dinero superiores a $10 mil, aunque estos no sean sospechosos, es una de las consideraciones que el Gobierno de El Salvador (GOES) ha hecho en la propuesta para reformar la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.

Finanzas irregulares en ALBA, el síntoma del lavado de dinero

Con la modificación se busca crear la División de Inteligencia Financiera (DIF), que vendría a realizar funciones similares a las que ya hace la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR). Es decir, que los informes que desde 1996 solo están en reguardo en la UIF comenzarán a conocerse también en la DIF.

“Los sujetos obligados deberán informar a la UIF y a la DIF, por escrito o cualquier medio electrónico y en el plazo máximo de cinco días hábiles cualquier operación o transacción de efectivo, fuere individual o múltiple, independientemente que se considere sospechosa o no, realizada por cada usuario o cliente que en un mismo día o en el término de un mes exceda los $10 mil de Estados Unidos de América o su equivalente en cualquier moneda extranjera. El plazo para remitir la información se computará a partir del día siguiente de realizada la operación o transacción. Igual responsabilidad tendrán, si se trata de operaciones financieras que se efectúen por cualquier otro medio, si esta fuere superior a $25 mil de Estados Unidos de América o su equivalente en cualquier moneda extranjera”, se lee en el primer inciso de la propuesta de reforma al artículo 9 de la ley que el Gobierno propuso.

FGR indaga si viceministro J. Luis Merino cometió lavado de dinero

Seguido de ese inciso se estipula que además los sujetos obligados a reportar transacciones bancarias sospechosas que estén bajo supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) también deben enviarle los reportes a esa institución. Es decir que toda la información de las personas que realizan movimientos bancarios que puede levantar indicios de que hay lavado de dinero o activos ya no solo estará en la UIF si no también en la DIF y la SSF.

Para el director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Javier Castro, hay diversas razones por las cuales esa propuesta de reforma no debe prosperar en la Asamblea.

Una es que es que el tema de la confidencialidad y resguardo que deben tener los datos que son reportados es importante para no entorpecer procesos de investigación que son desarrollados por la FGR contra estructuras o individuos que lavan dinero o activos.

“Un aspecto que es muy delicado y es sobre lo sensible que es esa información y el buen uso que tiene que haber de la misma, y la custodia que tiene que haber de la información que se está manejando, y entre más entidades que tienen esa información creo que se corre el riesgo de que haya una dispersión y que pueda haber una custodia deficiente de esta información, que es sumamente sensible”, declaró el director.

Por otra parte, de acuerdo con la recomendación número 29 que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), las UIF deben servir en cada país para ser el centro de recepción y análisis de “reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis”.

El Salvador es parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Todos los miembros de este conjunto están obligados a cumplir con las recomendaciones del GAFI.

De acuerdo con Castro, la propuesta del Gobierno viola el esquema que se propone y que en cada país es igual.

“La recomendación del GAFI, que es la 29, habla de unidades de inteligencia financiera. Señala que habrá una agencia central que es la que recibe la información y ese es el modelo que tiene actualmente la Ley de Lavado de Dinero, porque esta unidad de investigación financiera está dentro de la Fiscalía General de la República, entonces, con este esquema que se está planteando por el Gobierno se estaría rompiendo esa naturaleza de unidad o agencia central”, puntualizó Castro.

En el artículo 193 de la Constitución de la República se establece que una de las funciones de la Fiscalía es “dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal”.

La PNC, además de mantener la seguridad pública, participa en las investigaciones, pero están bajo la dirección de la Fiscalía.

Precisamente a ese hecho también se refirió Castro y consideró que además de romper con el esquema recomendado, la iniciativa podría desembocar en una dualidad de funciones.

“De acuerdo con nuestra institucionalidad a la entidad que le corresponde dirigir la investigación es la Fiscalía General de la República, la Policía lo que hace es colaborar (...) No vemos necesidad de que haya que crear otra unidad, porque habría una dualidad prácticamente de funciones”, apuntó.

Miembros del Gabinete de Seguridad del GOES presentaron la propuesta que ya se encuentra en manos de los diputados.

Lee también

Comentarios