Concejos plurales bloquean prevención de la violencia

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia detectó que las alcaldías han estancado los proyectos que buscan recuperar el control de territorios porque los concejales alegan vínculo electoral.
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Los proyectos de prevención de la violencia, del Plan El Salvador Seguro (PES), que se implementan en los 26 municipios priorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) se han estancado. Así lo aseguran miembros del consejo y los mismos alcaldes. La razón: concejales de oposición frenan los proyectos porque alegan un beneficio electoral para los alcaldes en vísperas de las elecciones municipales de 2018.

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Antonio Morales, subsecretario de Gobernabilidad de la Presidencia de la República, dijo que en la visita que hicieron los miembros del CNSCC a los municipios encontraron que los concejos municipales “bloquean los proyectos de prevención del Plan El Salvador Seguro”. Según el funcionario, esa práctica es independiente del partido político, porque han detectado que está ocurriendo lo mismo en alcaldías gobernadas por el FMLN y también en las que están en manos de ARENA.

Rogelio Rivas, presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), coincidió con Morales en que los concejos plurales experimentan “inconvenientes y roces”; por lo que los opositores a los alcaldes “intentan bloquear los proyectos”.

El Plan El Salvador Seguro fue lanzado en enero de 2015. Se trata de 124 propuestas que buscan sanar los niveles de violencia de El Salvador. Todas esas propuestas fueron divididas en cinco ejes de acción. En pocas líneas, el PES busca la atención a las víctimas a la violencia, atender el sistema penitenciario, mejorar la capacidad de actuación y respuesta de las instituciones de seguridad y judiciales del país y recuperar el control territorial perdido por el Estado.

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Para hacer que el plan funcione, las autoridades calcularon que requieren de una inversión de $2,100 millones durante los cinco años para los que está pensado. La mayoría de esos fondos (cerca de $1,550 millones) serán usados para la prevención, un eje donde el rol principal lo juegan los alcaldes al frente de los municipios.

En un primer momento, el PES arrancó en 10 municipios priorizados por el Consejo de Seguridad. El año pasado fueron incluidos otros 16, por lo que ahora suman 26 las municipalidades donde se desarrollan actividades, apoyadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, enfocadas a prevenir la violencia.

Sin embargo, los alcaldes también reconocen el clima preelectoral en el que ha entrado el país de cara a los comicios de marzo de 2018, donde se elegirán los 262 concejos municipales y los 84 diputados; los proyectos vinculados a la prevención de la violencia se han estancado, a su juicio, porque los concejales de oposición no avalan acciones para no “beneficiar” la gestión del partido al que pertenecen los jefes municipales.

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Rosa Guadalupe Serrano, alcaldesa de Cojutepeque, dijo que el PES “se pone en riesgo con el proceso electoral”, porque los avances de los proyectos “se detienen por las elecciones”. “El plan está detenido”, reconoció.

Serrano puso de ejemplo dos proyectos de prevención en Cojutepeque que están paralizados por el concejo: la instalación de cámaras de videovigilancia y la construcción de un centro de convenciones. Con el primero buscan vigilar mejor a la ciudad y con el segundo, ofrecer a los jóvenes espacios para desarrollar habilidades ; sin embargo, “eso está paralizado porque el concejo se pregunta ¿por qué se está haciendo hasta ahora? Y lo vinculan a la campaña electoral”, dijo.

Serrano, incluso, consideró paradójico que una iniciativa gubernamental esté siendo bloqueada por concejales del partido oficial. “Nunca el partido al que pertenezco (ARENA) me ha puesto una queja, pero el concejo sí”, dijo Serrano.

Otra alcaldesa que reconoció el tropiezo de los proyectos de prevención de la violencia por los concejos plurales fue Milagro Navas, presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES). Ella señaló que “varios concejos municipales están en problemas” por el bloqueo de la oposición.

“Hay que trabajar en conjunto, porque esto ya no lo quitamos, es una ley”, dijo Navas.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que forma parte del CNSCC, sabe de ese bloqueo, por lo que apoya la creación de una guía “que permita un diálogo más transparente en el interior de los concejos municipales” para volver más democrático el desarrollo del Plan El Salvador Seguro. “El diálogo es fundamental para generar acuerdos que conlleven a la implementación efectiva de políticas públicas”, dijo Mónica Merino, representante residente adjunta del PNUD en el país, durante la inauguración de un conversatorio con alcaldes y concejales de los 26 municipios priorizados en el PES.

Sin embargo, tal como lo reconoció la presidenta de COMURES, la asistencia de los alcaldes a ese evento realizado el jueves 17 de agosto fue escasa. “Es una lástima que no estén todos los que han sido convocados. Hay concejos plurales que no conocen la ley”, declaró Navas.

El subsecretario de Gobernabilidad reiteró que se trataba de una “guía para que los concejos plurales favorezcan el diálogo, busquen acuerdos. La idea es mejorar los acuerdos”.

Agregó que la preocupación del bloqueo a los planes de prevención de la violencia pasa porque hay alcaldes que ya tienen planes elaborados en sus municipios que necesitan el aval de los concejos, como “prohibir el consumo de alcohol, o vedas de armas”.
 

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