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Condena a Montano da esperanza para que se enjuicie a autores intelectuales de masacre Jesuitas, dice UCA

La sentencia reconoce que las autoridades civiles y militares de la época usaron al Estado para cometer graves violaciones a derechos humanos, expuso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La UCA llamó a la FAES a abrir archivos y recordó el maltrato al personal del IAIP cuando intentaron acceder a archivos durante el actual gobierno de Nayib Bukele.

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Un hombre camina frente a un mural dedicado a los jesuitas asesinados en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), este viernes en San Salvador (El Salvador). La condena de más de 130 años dictada este viernes contra el exviceministro de Seguridad de El Salvador Inocente Montano en España marca el camino que debería de seguir la Justicia salvadoreña en el proceso local por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989, según Manuel Escalante, subdirector de un instituto de derechos humanos. EFE/Rodrigo Sura

Un hombre camina frente a un mural dedicado a los jesuitas asesinados en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), este viernes en San Salvador (El Salvador). La condena de más de 130 años dictada este viernes contra el exviceministro de Seguridad de El Salvador Inocente Montano en España marca el camino que debería de seguir la Justicia salvadoreña en el proceso local por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989, según Manuel Escalante, subdirector de un instituto de derechos humanos. EFE/Rodrigo Sura

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La condena en España contra el coronel Inocente Montano, ex viceministro de Seguridad, por la masacre de los jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) supone "un avance de la justicia universal  que funciona subsidiariamente cuando países y Estados protegen a quienes cometieron los crímenes", expuso este viernes Andreu Oliva, rector de la institución.

 
133 años de prisión para Coronel Montano por masacre de sacerdotes jesuitas 

Agregó que representa una esperanza para que el juicio por la autoría intelectual se realice en El Salvador.

"A través de pruebas y testimonios ha quedado patente el sistema de encubrimiento de la Fuerza Armada y el resto del Estado frente a las graves violaciones a Derechos Humanos", dijo Oliva.

Manifestó que la FAES "debe pedir perdón por los crímenes de manera institucional" y "abrir los archivos para que sea una institución respetuosa de los Derechos Humanos".

"Tenemos confianza en que las evidencias presentadas en la audiencia española servirán para tener un juicio aquí en El Salvador, pues es evidente que ante los señalamientos en la sentencia hay otros implicados que están en El Salvador y que no hay ningún motivo para que no sean juzgados en nuestro país", dijo Oliva.

Expuso que la apertura de los archivos es necesaria y urgente "porque si lo ordena el poder judicial tiene que hacerlo". "Si el presidente de la República (Nayib Bukele) está realmente interesado para que se deduzcan responsabilidades de los que cometieron los crímenes, no tiene otro camino que ordenar la apertura de los archivos de la Fuerza Armada. Si la Fuerza Armada quiere demostrar que está a favor de la justicia debe poner a disposición sus archivos para que se investigue ese crimen", dijo.

En tanto, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) José María Tojeira recordó lo sucedido cuando miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) intentaron ingresar a instalaciones de la FAES para obtener los archivos sobre operativos militares durante la guerra civil en la Universidad de El Salvador, cuando se les negó acceso y comenzaron a acosarlos con drones. El presidente Nayib Bukele justificó el bloqueo al trabajo del IAIP y dijo que era un "bastión de FMLN". 

Tojeira reclamó hoy que "eso lo hacen con total impunidad, maltratando a una institución del Estado". "Los militares no pueden maltratar ni a instituciones ni a personas", reiteró.

Tojeira recordó que previo a la masacre hubo un "modus operandi" en el que se comenzó a generar mentiras sobre los jesuitas para provocar un rechazo hacia ellos de parte de la población a tal modo de que se justificara su asesinato cuando ocurriese.

Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos destacó que la condena contra Montano "reconoce la responsabilidad de las autoridades civiles y militares de la época en la utilización del poder estatal como medio y recurso para cometer graves violaciones a derechos humanos".

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