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Condenados 8 extorsionistas de alcaldes

Exigían desde $75 hasta $250, según la FGR. Se presentaron como pruebas informes de compañía telefónica sobre las transacciones.

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Estructura. El grupo lo integraban seis hombres, cuatro de estos internos en el penal de San Vicente, y dos mujeres; de hecho, se estableció que algunas llamadas para exigir dinero se hicieron desde dicho penal.

Estructura. El grupo lo integraban seis hombres, cuatro de estos internos en el penal de San Vicente, y dos mujeres; de hecho, se estableció que algunas llamadas para exigir dinero se hicieron desde dicho penal.

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A penas de entre 30 y 135 años de prisión fueron condenados ocho miembros de grupos terroristas que extorsionaron a 13 víctimas, incluyendo a siete alcaldes de diferentes municipios, informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR), y detalló que la sentencia fue lograda por elementos de la Unidad Antiextorsiones de la oficina de San Miguel.

Los condenados son los reos Alejandro José Molina Sánchez, Daniel Arístides Vásquez, Luis Enrique Padilla Ramos y Jaime Rafael Castillo Guirola, recluidos en el penal de San Vicente; Évelyn Maritza Arévalo Reyes, Marta Vásquez Rivera, Juan Pablo Bonilla Bonilla y Franklin Geovanny Rodríguez Carpio.

La mayor condena, de 135 años, fue impuesta a Castillo Guirola, y la mayor, de 15 años de cárcel, a Bonilla Bonilla. Molina Sánchez y Arévalo Reyes recibieron 120 años de prisión.

En el comunicado emitido ayer por la FGR se detalla que “los chantajes de dinero comenzaron en 2014, a través de llamadas telefónicas, en las que con amenazas de muerte les demandaron entregas de dinero a través del sistema de depósitos de una compañía telefónica”.

Las cantidades entregadas, de acuerdo con la Fiscalía, fueron variadas y oscilaban entre $75, $150, $200 y $250, entre otras, que sumaron $1,853.

“Las víctimas, que gozan del régimen de protección, realizaron los abonos de dinero en diferentes oficinas del país de la compañía telefónica, donde fueron retirados por los condenados”, indicó la fuente fiscal.

Entre las pruebas presentadas en el juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, por parte de la representante fiscal, están los comprobantes de retiro del dinero, los informes de la empresa de telefonía y las bitácoras de llamadas.

Los miembros de la red de extorsionistas también se hacían pasar como ingenieros que representaban a una institución pública que se dedica a elaborar proyectos de infraestructura, para lograr información de las sedes municipales, de los alcaldes o empleados.

De acuerdo con la fiscalía, también se estableció durante la investigación que muchas llamadas telefónicas de los extorsionistas se realizaron desde el interior del penal de San Vicente.

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