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Condenados a 40 años de cárcel por matar a estudiante

La víctima era un estudiante de cuarto año de Ingeniería en Sistemas en una universidad de San Vicente.
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Móvil.  La Fiscalía General de la República no detalló cuál habría sido la causa por la que los pandilleros asesinaron al estudiante. El cadáver del joven nunca fue encontrado por las autoridades.

Móvil. La Fiscalía General de la República no detalló cuál habría sido la causa por la que los pandilleros asesinaron al estudiante. El cadáver del joven nunca fue encontrado por las autoridades.

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Dos integrantes de la pandilla 18 fueron condenados a 40 años de prisión tras haber sido hallados culpables del homicidio agravado de un estudiante universitario identificado como Josué Alexánder de La Cruz López, cometido en septiembre del año pasado.

Aunque el cadáver de la víctima nunca se encontró, con base en las pruebas periciales como la de un médico patólogo y un video incautado del crimen, el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, condenó a los pandilleros y les impuso 40 años de prisión a cada uno y el pago de $40,000 en concepto de responsabilidad civil a la familia de la víctima.

Los terroristas condenados son Roberto Carlos Díaz Girón y Josué Miguel Funes Mendoza; quienes privaron de libertad al estudiante de cuarto año de Ingeniería en Sistemas, y posteriormente lo llevaron a un lugar desolado de la colonia El Progreso, en Cojutepeque, donde lo lesionaron con corvos en diferentes partes del cuerpo, y posteriormente lo decapitaron.

De La Cruz López estudiaba su carrera universitaria en la Facultad Multidisciplinaria de la zona paracentral de la Universidad de El Salvador, de San Vicente, y fue interceptado por el grupo de pandilleros el 4 de septiembre 2017, aproximadamente a las 2 de la tarde, entre las colonias Bella Vista y El Progreso, de la jurisdicción de Cojutepeque, cuando se dirigía a su casa después de asistir a sus clases en la UES.

Según las investigaciones, los terroristas, que portaban corvos y una escopeta, obligaron al joven a caminar hacia el interior de una finca del sector. Aunque el cadáver nunca se encontró, las acciones terroristas fueron grabadas en un video de celular, que se le incautó al pandillero Díaz Girón el mismo día del crimen.

El video fue una prueba fundamental para establecer el homicidio, ya que en un primer momento se los procesó por el delito de privación de libertad. También la declaración de un patólogo del Instituto de Medicina Legal fue determinante para establecer su culpabilidad.

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