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Condenan a 390 años de cárcel a pandilleros por masacre Opico

Juez decidió imponer la pena máxima por homicidio agravado por cada una de las 11 víctimas. Además, sumó otros cinco años por agrupaciones ilícitas. El testigo reconoció que fue una masacre absurda.
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Virtual.  Los pandilleros del barrio 18 Revolucionarios se enteraron de la condena por medio de una comunicación virtual desde Zacatecoluca.

Virtual. Los pandilleros del barrio 18 Revolucionarios se enteraron de la condena por medio de una comunicación virtual desde Zacatecoluca.

Condenan a 390 años de cárcel a pandilleros por masacre Opico

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Los siete pandilleros que masacraron a 11 personas, ocho empleados de una compañía de energía eléctrica y tres jornaleros, el 3 de marzo de 2016 en el caserío Las Flores del cantón Agua Escondida, en San Juan Opico, La Libertad, fueron condenados ayer a 390 años de prisión. Así lo decidió el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador.

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El juez explicó que los imputados cumplirán una pena de 35 años de cárcel por cada una de las víctimas, además, otros cinco años por agrupaciones ilícitas. Sin embargo, pese a la centenaria condena, los sentenciados solo pueden purgar 60 años de cárcel como máximo, según lo establece la legislación salvadoreña. En caso de que un reo cumpla con ese plazo, queda libre.

El juez validó la declaración del testigo criteriado (con beneficios judiciales) identificado como con la clave Islámico por el homicidio agravado de las 11 víctimas, pero anuló el testimonio sobre agrupaciones ilícitas.

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Islámico perdió credibilidad frente al juez porque este consideró que, entre otras cosas, cambió el testimonio que ofreció a los fiscales con las declaraciones durante el juicio. El juez señaló que la FGR no debe confiar en testigos criteriados porque buscan desvincularse de los delitos cometidos.

El juzgado determinó que las pruebas periciales y documentales presentadas por la Fiscalía predominaron sobre la prueba testimonial para la resolución del caso, estas se basaron en bitácoras de llamadas entre los imputados, análisis comparativo de las armas que se utilizaron en la masacre y los roles de cada imputado durante la matanza.

Además de la extracción telefónica de un video, los análisis de los hechos violentos y la inspección corporal de los miembros de la estructura para determinar su pertenencia al Barrio 18 revolucionarios.

Islámico declaró que la masacre no fue planeada, sino que la estructura tenía intenciones de asesinar a miembros rivales del municipio de San Juan Opico. “Los MS habían matado a unos de nosotros y por eso íbamos a matarlos”, relató el criteriado.

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También confesó que una noche antes de la masacre se reunieron en un lugar conocido como “la Coyotera”, donde planificaron cómo atacarían a los rivales. Al siguiente día, 3 de marzo, salieron todos a las 4 de la mañana hacia San Juan Opico. Además, el testigo aseguró que iban con fusiles M -16 y pistolas calibre 9, 10, 11 y 12 milímetros.

El testigo Islámico explicó que en el camino escucharon voces y sometieron a tres personas, a quienes tiraron al piso boca abajo y ataron de manos con cintas de zapatos. Los pandilleros privaron de libertad a las víctimas restantes en la parte de arriba del lugar, conocido como “Lava”. Luego caminaron con las 11 víctimas hasta que una intentó escapar y por ello le dispararon. La estructura decidió que no podía dejar vivo a ningún testigo.

Esa decisión, según el criteriado, terminó con la vida de Carlos López Rafael, Érick Salvador Moisés Durán, Nicolás Ascencio, José Alfonso Hernández Menjívar, Marvin Iván Durán Santos, José Carlos Espinoza Beltrán, Francisco Javier Ábrego, Jerson Carlitos Carías Murcia, Jorge Alberto Colorado Cabrera, Jónathan Gabriel Castellanos Rivas y Miguel Ángel Hernández Hernández.

En octubre del año pasado, el Juzgado Segundo de Menores de Santa Tecla ordenó cinco y 15 años de internamiento a dos menores de edad por el caso.

Otros dos adultos, de acuerdo con la Fiscalía, siguen prófugos.

Sobre Islámico, será la FGR la que decida su suerte. Puede solicitar al juez encargado de otorgarle el beneficio que lo exonere de cargos por homicidio, pues fue clave su testimonio, no así para agrupaciones ilícitas.
 

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