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Condenan a Charlaix por enriquecimiento ilícito

El exsecretario privado de la Presidencia y su esposa deben devolver al Estado $17. 9 millones. Inicialmente la Fiscalía pidió que se condenara por $18.7 millones, luego lo amplió a $19 millones. Cámara desestimó prueba de caso penal.
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Fotos de LA PRENSA/Archivo  Detenido.  Charlaix no fue trasladado ayer a la cámara porque está detenido en el penal de Mariona por otro proceso que enfrenta por lavado de dinero durante la administración Saca.

Fotos de LA PRENSA/Archivo Detenido. Charlaix no fue trasladado ayer a la cámara porque está detenido en el penal de Mariona por otro proceso que enfrenta por lavado de dinero durante la administración Saca.

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Los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro condenaron ayer al exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix y a su esposa, María Arline Rivas de Charlaix, por enriquecerse ilícitamente durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca, quien también es procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La Cámara de lo Civil determinó que el exfuncionario no pudo justificar $17,809,967.31 y su esposa no pudo esclarecer el origen de $173,925.75, por lo que ambos deberán devolver al Estado un total de $17,983893.06.

“Este caso no termina aquí. Ahora iremos por la recuperación de los fondos que fueron sustraídos del Estado a través de la Unidad de Extinción de Dominio”.
Douglas Meléndez, fiscal general de la república

El monto a resarcir es menor a los $19,058,197.45 que la Fiscalía solicitó en la etapa final del proceso, producto de la interpretación de un peritaje fiscal que evaluó 16 aspectos patrimoniales del exfuncionario y su esposa. Además, es menor al monto por el que la Fiscalía General de la República (FGR) inició el caso, el cual fue fijado en $18,766,945.84.

“No hemos visto todos los razonamientos de manera extendida; cuando los veamos vamos a saber por qué se disminuyó lo que se había pedido, son cuestiones de operaciones aritméticas, habrían desestimado algún valor o no habrían tomado en cuenta otro, son situaciones normales dentro de este tipo de casos”, dijo el fiscal del caso Héctor Martínez.

Otra de las fiscales del caso, Ana Cecilia Galindo, precisó que si la sentencia queda en firme, existen al menos cuatro viviendas, propiedad de Charlaix y su esposa, que han sido inmovilizadas con la finalidad de que sean extinguidas por un tribunal.

En el fallo, la cámara resolvió notificar sobre el caso al Juzgado de Extinción de Dominio. Además, ambos condenados no podrán optar por un cargo público durante los próximos 10 años.

“Con las últimas sentencias por enriquecimiento ilícito, la justicia comienza a ser para todos en el país... Este caso no termina aquí. Ahora iremos por la recuperación de los fondos que fueron sustraídos del Estado a través de la Unidad de Extinción de Dominio, donde ya se tiene abierto un proceso”, se pronunció el fiscal general, Douglas Meléndez.

“Aparecen cheques emitidos a favor de personas cuyo origen son fondos públicos... Es inaceptable que fondos públicos hayan sido depositados en la cuenta personal del demandado”.
Resolución de la Cámara Primera de lo Civil

Los abogados de Charlaix dijeron que apelarán la decisión de la cámara. El tribunal de segunda instancia tiene 15 días hábiles para entregar la resolución a las partes, posteriormente los abogados tienen 10 días hábiles para presentar apelaciones ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados de cámara decidieron rechazar los argumentos de los abogados defensores, quienes plantearon que existió un reglamento interno de Casa Presidencial que permitía que dinero de las cuentas subsidiarias del Tesoro pasaran a cuentas privadas. Los magistrados determinaron que dicho reglamento no podía ser tomado en cuenta como prueba, ya que nunca fue publicado en el Diario Oficial.

El examen patrimonial de Charlaix realizado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema dio inicio a la investigación penal en contra del expresidente Saca y otros exfuncionarios, investigación fiscal en la cual se estableció que existió una triangulación de dinero a través de cuentas del Estado hacia cuentas privadas para blanquear el capital sustraído. Por ese caso, que actualmente se encuentra en etapa de instrucción, Charlaix, Saca y otros funcionarios y empresarios están guardando prisión preventiva.

“Si bien es cierto aparecen varios cheques emitidos a favor de personas naturales, cuyo origen de los depósitos son fondos públicos provenientes de la Tesorería Institucional Subsidiaria de la Presidencia de la República, mucho más cierto es que es inaceptable e inexplicable que fondos públicos hayan sido depositados en la cuenta personal del demandado”, se lee en la resolución de la Cámara de lo Civil.

Los representantes legales de Charlaix señalaron que en el juicio civil por enriquecimiento ilícito existía un doble juzgamiento, porque esos mismos hechos estaban siendo ventilados en la causa penal por lavado de dinero en la que también se solicitó resarcir un monto por la vía civil. También aseguraron que la acción civil ya había cumplido los 10 años que establece la prescripción y que la esposa del exfuncionario no podía ser procesada en calidad de cónyuge. Todos estos argumentos fueron declarados no ha lugar. La de Charlaix es la condena más alta a un exfuncionario desde que se reactivó la oficina de Probidad.


173
  mil dólares es lo que no pudo justificar la esposa de Charlaix.

17
millones de dólares es lo que Charlaix y su esposa deben resarcir al Estado.

19
millones de dólares es lo que la Fiscalía había solicitado en el caso.

4
 viviendas propiedad de Charlaix han sido inmovilizadas y la Fiscalía busca que sean extinguidas a favor del Estado por orden de otro tribunal.

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