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Condenan a dos por crimen de docente de la UCA

El tribunal no permitió el ingreso de medios de comunicación a la lectura de la resolución del juicio contra los dos procesados.
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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana encontró culpables a los dos procesados por el asesinato del docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) José Manuel González.

Los procesados son Édgar Cea Menéndez, de 27 años de edad, y Jónathan Pineda Rosales, de 22, quienes fueron declarados culpables de los delitos de homicidio agravado en perjuicio del docente y de intento de homicidio simple en otra víctima, quien se convirtió en el testigo clave del caso y por cuya declaración se logró la condena de los imputados.

El tribunal ordenó que Cea Menéndez cumpla una pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Mientras, Pineda Rosales deberá pagar 33 años de cárcel: 25 por el homicidio de González y ocho por el intento de homicidio simple en perjuicio del ahora testigo clave.

La Fiscalía General de la República (FGR) había acusado a los imputados de los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, pero en su resolución el Juzgado Segundo de Sentencia cambió la tipificación del segundo delito y lo pasó a homicidio simple tentado.

Según las investigaciones, el hecho sucedió el 4 de diciembre de 2015, cuando González fue asesinado en el interior de una vivienda ubicada en el cantón Planes El Ranchador, en Santa Ana.

González había acudido a ese lugar junto con un amigo, quien se convirtió en el testigo clave del caso, para reunirse con los ahora condenados y una menor de edad, identificada como Karla, quien ya fue condenada a una pena de 12 años de internamiento por el caso.

De acuerdo con la acusación de la FGR, el acompañante de González tenía una relación sentimental con Cea Menéndez y habían acordado reunirse para departir, pese a que la relación ya había finalizado, se frecuentaban y tenían comunicación.

Según las investigaciones, los ahora condenados habían planificado asesinar al testigo, cuya clave en el caso fue Cádiz.

Hasta el momento ni la Fiscalía ni la Policía Nacional Civil (PNC) han podido establecer los motivos que los procesados tenían para asesinarlo y, en el ataque, quien resultó muerto fue el catedrático que habría sido víctima circunstancial del hecho.

Según la hipótesis de la FGR, el ataque iba dirigido hacia el testigo clave Cádiz y no hacia el docente universitario.

El querellante de la UCA en el caso, Arnau Baulenas, dijo que la sentencia condenatoria contra los procesados hace justicia y permite que el caso del asesinato del docente, quien en ese momento era coordinador de la carrera de Comunicaciones de la universidad, no quede en la impunidad.

“Se hace justicia, al final el caso no queda impune y terminamos un proceso que entendíamos que después del resultado probatorio no podía proceder de otra forma que una sentencia condenatoria”, dijo Baulenas.

El fiscal del caso agregó que además de la participación del testigo Cádiz, cuyo testimonio fue fundamental para lograr la condena, la presentación de otras pruebas científicas también permitió comprobar la participación de los imputados en los delitos.

“Satisfechos en virtud de que el análisis del juez es coincidente con la hipótesis fiscal, sostenida desde el inicio de la investigación. Al final el testimonio de la víctima, con clave Cádiz, fue fundamental para lograr la sentencia condenatoria para ambos imputados y además, el testimonio se ha fortalecido con una serie de pruebas de carácter científica”, dijo.

González fue asesinado en el interior de una vivienda en Santa Ana, luego de que salió de su jornada laboral y viajó al occidente del país. Tanto él como su acompañante fueron atacados con arma blanca, luego de haber estado reunidos con sus atacantes y de que departieron durante algún tiempo.

El expediente judicial tuvo reserva total desde un inicio, es decir, que sus detalles no podían ser conocidos públicamente.

Sin embargo, la semana pasada, durante el inicio del juicio, una de las partes solicitó levantar la reserva, petición que avaló el Tribunal Segundo de Sentencia.

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