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Condenan a militares por agrupaciones en caso granadas

Los siete militares, sin embargo, fueron exonerados de los cargos que los involucraban en el contrabando de cientos de granadas pertenecientes a la FAES. La jueza señaló que existió una “estructura paralela” en el interior de la FAES dedicada a cometer delitos.
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Condenados.  Los militares solo fueron condenados por agrupaciones ilícitas y no por tráfico de armas, tal y como se había planteado

Condenados. Los militares solo fueron condenados por agrupaciones ilícitas y no por tráfico de armas, tal y como se había planteado

Condenan a militares por agrupaciones en caso granadas

Condenan a militares por agrupaciones en caso granadas

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El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó ayer a cinco militares por agrupaciones ilícitas en el caso relacionado con el intento de venta de 1,812 granadas M-67, de uso exclusivo de la Fuerza Armada (FAES).

Sin embargo, ninguno de los siete militares que estaban procesados será condenado por el hallazgo, en abril de 2011, de ese arsenal militar. El tribunal absolvió a dos de toda culpa, y los cinco que fueron condenados por agrupaciones también fueron exonerados de los cargos más graves por los que fueron encausados: comercio ilegal y depósito de armas.

Durante la lectura del fallo, la jueza Delmy Ávalos calificó reiteradamente de “negligente” la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR). Aseguró que se ignoró el mandato de una cámara de lo Penal, misma que pidió ahondar en la investigación presentada en un juzgado Militar. El resultado entonces hubiera sido diferente, agregó.

El tribunal sentenció a siete años de prisión por agrupaciones ilícitas a los sargentos mayores Gilberto Espinoza Hércules y Víctor Manuel Peña González. Por el mismo delito sentenció a cuatro años de prisión a los cabos Jorge Nerio Lipe y José Alberto Flores Ramos, así como al soldado José Luis Chacón Romero. Los absueltos de todos los cargos fueron el capitán José Mario Mejía Hernández y el sargento mayor Francisco Morales Miranda.

“El tribunal ha determinado la existencia de una estructura paralela dentro de la institución castrense”, dijo la jueza, y agregó que “es innegable que los acusados conformaron una agrupación temporal de ilícitos penales”.

Los señalamientos

Buena parte de la acusación de la FGR fue planteada a través de un testigo de identidad protegida, cuya clave era Prometeo.

Este manifestó haber sido contactado por Peña González para que le realizara viajes desde el cantón Lourdes, en el municipio de Colón, hasta el departamento de La Paz. En tales viajes, según se desprende de la lectura del fallo ayer, Prometeo dijo que trasladó sacos que contenían armamento, y que este fue entregado a Espinoza Hércules. Prometeo recibió $125 y $150 por los viajes, realizados en distintas fechas. Dos de ellas fueron agosto de 2010 y febrero de 2011.

Los militares también fueron procesados bajo la ley militar en un juzgado de Instrucción Militar y, posteriormente, en el Juzgado de Primera Instancia Militar, que los exoneró de todos los cargos. El delito imputado fue hurto militar.

El caso ahí señalado fue por el hallazgo de 1,812 granadas M-67 el 26 de abril de 2011, ocultas en la hacienda El Ángel, en Tapalhuaca (La Paz). Los pertrechos estaban destinados a ser destruidos, debido a que había finalizado su vida útil. El descubrimiento de las granadas, así como las capturas, fueron hechos públicos por el entonces ministro de la Defensa, David Munguía Payés, hasta un mes después de ocurridos los hechos.

La jueza Ávalos consideró que existía un doble juzgamiento. “El mismo cuadro fáctico presentado en ese caso es el que la fiscalía presentó aquí”, recriminó la jueza. Ávalos aseguró que era una “ironía” que en el caso (granadas) que no tomó en cuenta, porque ya había sido conocido en otra instancia judicial, es en el que se presentaron más pruebas.

Aunque el tribunal valoró otorgarle total credibilidad a Prometeo, consideró que no le presentaron las pruebas suficientes en los otros dos casos, en los cuales supuestamente se comercializaron las granadas industriales. “¿Por qué la fiscalía se quedó corta y no me probó esto para los otros eventos?”, dijo la jueza, haciendo referencia, en parte, a que para los otros casos no se anexó documentación como las actas de destrucción, que sí existieron para el descubrimiento de las granadas.

En el caso de los militares exonerados, la jueza consideró que únicamente se había comprobado que estos eran los encargados de seleccionar el armamento que supuestamente ya no servía y de dar el aval para su destrucción, “siguiendo órdenes superiores”. No hubo evidencia, añadió, para vincularlos al delito de comercio ilegal de armas de guerra.

Uno de los fiscales del caso aseguró que las actas de destrucción en los otros casos sí se habían incorporado como pruebas. “Los delitos de comercio de armas de guerra no los ha conocido el Juzgado Militar, solo conoció por el hallazgo del 26 de abril. La jueza está diciendo que ya se juzgó. Eso no se ha juzgado”, dijo, y añadió: “La prueba está agregada al proceso”.

La FGR adelantó que apelará la decisión judicial.

Para el tribunal, sin embargo, sí se comprobó que uno de 14 lanzacohetes antitanque, conocidos como Law, ubicados a narcos hondureños en marzo de 2011 perteneció al mismo inventario de la FAES. También uno de los dos lanzacohetes encontrados en la colonia San Francisco de San Salvador en julio de 2011. Ambos lanzacohetes, según el fallo, tenían un número de lote coincidente con los existentes en los inventarios de la FAES.

“No es cierto que hayan establecido una estructura paralela a la estructura militar (...) Son personal de tropa que vienen sirviendo a la Fuerza Armada. Eso es innegable”, dijo el defensor de Espinoza Hércules, el abogado Luis Peña. Este agregó que no existió un “plan de autor”, es decir, una planificación, considerada como necesaria para la existencia del delito de agrupaciones ilícitas.

Los defensores de los militares también apelarán el fallo.

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